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Los transportistas se niegan a acatar la intervención del Gobierno portugués

Transportistas en huelga en Portugal. CARLOS BARROSO (EFE)
Transportistas en huelga en Portugal. CARLOS BARROSO (EFE)
"Ver a representantes de nuestro país amenazar a trabajadores con penas de prisión es una vergüenza", afirma el portavoz del sindicato

Los transportistas de materias peligrosas, en huelga desde este lunes en Portugal, anunciaron este miércoles que no acatarán la intervención legal decretada por el Gobierno, que les obliga a trabajar bajo penas de prisión si se niegan, y que dejarán de cumplir los servicios mínimos.

"Nadie va a cumplir ni servicios mínimos ni requisición civil (nombre jurídico de la intervención), no van a hacer absolutamente nada", declaró el portavoz del sindicato de transportistas, Pedro Pardal Henriques, a periodistas.

Pardal Henriques explicó que la decisión pretende ser una respuesta al Ejecutivo del socialista António Costa, que anoche anunció que 14 huelguistas obligados a trabajar a raíz de la intervención no habían cumplido con el requerimiento.

Ya han recibido la notificación 11 de ellos, que, según afirmó en rueda de prensa el ministro de Administración Interna (Interior), Eduardo Cabrita, "van a ser, naturalmente, investigados", lo que puede desembocar en multas y hasta penas de prisión.

La requisición civil no implica solo movilizar a militares para sustituir a huelguistas, sino obligar a trabajar a aquellos que sean necesarios

"Ver a representantes de nuestro país amenazar a trabajadores con penas de prisión es una vergüenza. Estos hombres, en solidaridad con sus colegas, no van a salir de aquí hoy", advirtió el portavoz de los huelguistas desde Aveiras de Cima, a las afueras de Lisboa, base de operaciones de los transportistas.

"Si un conductor va a ser apresado, entonces el señor ministro tiene que traer varios autobuses para llevar también a los 800 transportistas del país", agregó Pardal Henriques.

No es la primera vez que el portavoz de los huelguistas anuncia que no se cumplirán los servicios mínimos.

También lo advirtió el lunes, durante las primeras horas del paro, para después desdecirse ante el efecto que causaron sus palabras, que llevaron a la patronal del sector, Antram, a pedir al Gobierno que interviniese "urgentemente" la huelga, algo que finalmente ocurrió al final de ese mismo día.

El Gobierno explicó entonces que tomaba la decisión amparado en los "incumplimientos de los servicios mínimos" que dijo haber registrado durante la tarde del lunes en varias infraestructuras del país, y apuntó que se aplicaría la "requisición civil" solo en aquellos lugares en los que no se cumplieron.

La requisición civil no implica solo movilizar a militares para sustituir a huelguistas, sino obligar a trabajar a aquellos que sean necesarios para garantizar servicios esenciales.

Dado que se trata de un instrumento extremo, el Ejecutivo subrayó que solo lo aplicaba de forma puntual en esas zonas en las que no se cumplieron los mínimos aunque, advirtió el lunes, podría extenderlo a todo el territorio si se comprobaba que los transportistas volvían a incumplir de forma generalizada.

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