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Agustín Fernández: ''Áurea Soto es la persona más honesta que conocí nunca''

El alcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández, ha salido hoy en defensa de la hasta ahora concejala Áurea Soto, que renunció a todos sus cargos tras abrirse un juicio oral contra ella, y ha dicho que "es la persona más honesta que conocí nunca".

Ha señalado en conferencia de prensa que ha sido un honor compartir con ella este tiempo en el gobierno, porque es "una gran trabajadora y excelente profesional que dedicó las veinticuatro horas del día a defender los intereses de los vecinos".

Ha garantizado que su apoyo lo ha tenido y contará con él, porque "la seguiré apoyando en cada decisión, incluso en aquellas en las que se haya equivocado", y sobre el asunto que ha motivado su salida ha indicado que quizás se podría discutir en el ámbito administrativo, pero "me parece desproporcionad hablar de responsabilidades penales".

El juez instructor del caso de la Plaza de Santo Antonio, Leonardo Álvarez, ha decretado que se abra juicio oral contra la edil de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, acusada de la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa al legalizar una operación urbanística en este aparcamiento.

Junto a ella tendrá que sentarse en el banquillo el abogado Carlos Hernández, letrado que emitió un informe jurídico en el que se informaba favorablemente de la legalidad de la actuación que se llevó a cabo y que consistió en otorgar titularidad privada al subsuelo de un espacio considerado público.

La investigación surgió a raíz de una denuncia de Democracia Ourensana, que tiene dos concejales en este ayuntamiento, y el Ejecutivo local, que encabezado por el socialista Agustín Fernández gobierna en minoría, con 11 de los 27 concejales, alegó que cuando se dio la licencia investigada estaba vigente el Plan de Urbanismo de 2003 que estipulaba la titularidad privada de estos subsuelos.

El magistrado titular del juzgado de instrucción número uno de Ourense dice que los hechos fueron cometidos "de manera personal y directa" por Áurea Soto y Carlos Hernández, por lo que es procedente que se celebre esta vista, para la que todavía no hay fecha, en el juzgado de lo penal competente.

El Ministerio Fiscal hace constar que la concejala Áurea Soto sometió a la junta de gobierno esta propuesta, a sabiendas de su ilegalidad, y solicita para ella diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, una petición que la acusación particular, de una vecina afectada, eleva a 21.

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