Ahogados por la Ley de Costas en Vilaboa

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VILABOA. Entre los afectados por la situación de los núcleos del litoral de Vilaboa hay distintos grados de problemática, dependiendo de lo avanzados que estén sus expedientes en relación con el nivel de protección del litoral que tiene el suelo que ocupan casas y negocios.

De ellos, un reducido grupo, el que actualmente tiene menos esperanzas de que se solucionen sus problemas, con o sin tercio de ocupación, con o sin servicios consolidados, mantiene en pie sus construcciones a base de paciencia o a base de talonario, pagando o acumulando multas que superan los mil euros y que llegan cada cuatrimestre, es decir, tres veces al año, para mermar unos bolsillos que ya han afrontado costosos procesos judiciales.

El camino lo recorren en solitario, a pesar de formar parte de Salvemos Vilaboa, la plataforma de afectados por la situación de los núcleos del litoral. Su historia es la de los señalados, pero ojo, la trayectoria puede ser la que sigan algunos de los que todavía no tienen más que un simple expediente, si la reforma de la Ley complica aún más la situación.

Es el caso de Julio Calvar y su casa de ladrillo de una planta cerca del colegio de Riomaior. "Realmente quedou coma un galpón", explica, mientras la muestra. Está a escasos metros de la costa, claro que si contamos el relleno de Riomaior casi queda a 70, pero se da la paradoja de que lo construído en relleno es legal y, a pesar de ello, no cuenta como costa. La línea real, a donde llegaba el mar en los años 70, empieza varias decenas de metros más cerca. Su construcción la empezó en el año 90. "E tiña licenza municipal. Se a Lei estaba aí, no o sei, eu cumprín co Concello, e penso que non tiña porque entender máis. Non a coñecía, a verdade. Pero eu son un veciño. Non vin a especular nin a facer negocio na praia". Ni siquiera hay playa cerca.

Lo que le pasó a Julio es que cobró una expropiación de terreno que le fue requisado en la construcción del campo de golf de Domaio. Pensó que sería una buena idea invertir el dinero en material y hacer un bajo, una casa de una planta que podría disfrutar uno de sus hijos en un futuro. Mientras tuvo dinero para construir él con su propio trabajo y rematar la primera parte de la obra, no hubo problema. La situación se complicó años después de acabar, en el 2003. "Cando os de Costas comezaron a dar caña co asunto en toda Vilaboa". Tras las primeras denuncias llegó una orden de derribo y lo hizo para no volver a marcharse. Ya no le cabe ningún recurso judicial, según cree. "Teño multas desde o último ano. Máis dun soldo que nos leva cada unha", comenta.

No le gusta dar su nombre ni contar su caso, como a casi todos los de Cobres que están pasando por esta situación. Se deja foto grafiar "a ver se todo isto empeza a valer para algo" y explica que varias de las casa que hay a su espalda están pendientes de expedientes. "Aquí a liña chega ao centro de saúde. Todo o que se construíu dende o 88 está igual".

Respecto al cambio en la Ley dice que le indigna que "outros sitios como Moaña, feitos no mar, queden legais. Pobos e pobos da zona de Levante, e nós, por facer como se facía aquí, somos tratados coma criminais", insiste. "Propuxéronnos unha mellora, Estabamos ben contentos, e rexeitáronlla a López Veiga. O certo é que o home tivo calidade humana para explicárnolo e recibirnos no aeroporto. É unha pena que non admitiran o que propuxo", reflexiona.

Miedo. Pablo, de 35 años y parado de la construcción, vive con su mujer e hijos en una casa paralizada. La orden es de derribo y aunque no dice cuánto, también tiene multas pendientes. Su situación es igual desde hace años. "Din que teño que deixar o terreo como estaba. Non puidemos nin acabar a casa, porque paralizaron a obra. É para vivir, é a nosa única casa", comenta. Su última sentencia es de 2002. No tiene más instancias a las que recurrir y no sabe si un cambio en la Ley podría mejorar su situación. Por si acaso, prefiere ni salir en la foto. Aquí nadie quiere que en Costas se acuerden de ellos por si vuelven a acabar el trabajo, como cuando se presentó personal de Urbanismo en la casa de uno de ellos para la demolición. Su denuncia incluso se había tramitado con posterioridad.

En Riomaior está el negocio de Martín. Es un taller. No tuvo licencia nunca, según reconoce. El problema no es la actividad, es que no puede legalizar la construcción. Se construyó en los 90, y calcula el dueño que está a 90 metros de la línea de costas "a que marcan eles", es decir, la que no cuenta el relleno de Riomaior.

También ha empezado a recibir las famosas cartas con las multas. "Vounas acumulando. Xa debo 6.000 euros. Non poden pedirche, simplemente, que peches o negocio e te vaias. Por iso está traballando a plataforma, para solucionar o de todos, ou o dos que se poida", reflexiona, y apuesta "polo menos, por plantar algo de batalla antes".

Los afectados y representantes del Concello exponen hoy en Santiago sus reivindicaciones

Un grupo de afectados acompañados por representantes del Concello parte hoy hacia Santiago para exponer en el Parlamento gallego sus reivindicaciones.

Salvemos Vilaboa quiere reunirse con el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, aprovechando esta visita. No se sabe definitivamente si les recibirá, pero parece que será posible que el conselleiro haga un hueco en su agenda para intercambiar opiniones con un grupo de representantes de Vilaboa.

Ayer se supo también que el Senado no contó con tiempo suficiente para debatir el borrador de la Ley, ya visto para su aprobación. El debate continuará hoy, según fuentes socialistas en el Senado.

Según el alcalde, Luis Poceiro, no tiene nada que ver, que se sepa, con las reivindicaciones de última hora relacionadas con Vilaboa (y otros núcleos del litoral como A Illa y Ribeira). "Polo que nós sabemos, non houbo quen presentara a famosa transaccional".

Para Enrique López Patricio, responsable de a plataforma de afectados, aunque no es una señal explícita. "É un bo sinal, xa que cada minuto que pasa sen aprobarse é un minuto que temos para buscar unha solución e chamar a todas as portas que poidamos", relata.

En la jornada de ayer se consolidó la teoría de que la única esperanza es que el Gobierno Feijóo, es decir, la Xunta, apele directamente al Gobierno estatal. "Unha conversa entre instancias superiores, xa que parece que a nós o ministro non nos recibiría nin nos tería por que facer caso", señaló una fuente vinculada con la plataforma vecinal.

En una nueva tarde de protestas, los vecinos se 'crucificaron' por quinta vez, de nuevo sin permiso, cortaron la carretera N-554 durante un breve lapso de tiempo.

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