Cuando en 1988 Lois Pena decidió subir escandalosamente el impuesto de contribución urbana, no sabía dónde se metía. Cangas fue un sindiós, y dos años después, con el pueblo ‘okupando’ el Concello, ya se estaban anunciando muertos. Hubo huelgas, palizas y un suicidio: el de sobredosis por barbitúricos de la ex mujer del alcalde cangués.
«Habrá muertes». Lo dijo hace veinte años el concejal de Esquerda Unida en Cangas do Morrazo, Antonio Sangabriel. La frase resume el estado de zozobra en el que estaba sumido el municipio pontevedrés desde que a finales de 1988 Lois Pena, alcalde socialista de la localidad, decidiese subir exageradamente las tasas de contribución urbana. No fue la mejor idea de su vida. En algunos casos la subida fue de un 500% y hubo gente que pasó de pagar al año 6.000 a 70.000 pesetas: fue el catastrazo. Buscando la paz, el 6 de diciembre de 1988 Pena reunió a los vecinos en la plaza del Concello y desde el balcón empezó un discurso que terminó con improperios hacia unas mujeres que le gritaban. El 1 de junio de 1989 un pleno frustrado acabó con la intervención de los antidisturbios, cincuenta vecinos heridos (a uno le estalló un ojo) e innumerables minutos y portadas en los medios nacionales. Desde ese día los vecinos tuvieron secuestrado el Concello, se sucedieron manifestaciones violentas y cruces de insultos entre los adeptos al alcalde y sus contrarios. «Estuvimos un año entero, día y noche, haciendo turnos para que ningún concejal entrase en el Ayuntamiento. Una vez nos despistamos o no sé qué pasó, pero Pena entró a las cinco de la mañana. Lo echamos, claro», contó el pasado verano una vecina a Xornal Diario. A Pena lo llamaban Bochechón, en referencia a sus amplias mejillas.
Desde el día del frustrado pleno y la posterior revuelta con la que se paralizó la vida del pueblo, y los vecinos llegaron a ‘okupar’ la iglesia e hicieron tocar las campanas a rebato hasta sangrarse las manos, no existió actividad municipal en Cangas, y en el lío tuvo que meterse el ministro Joaquín Almunia. Se pretendía ya no el ejercicio del poder, sino la mera «paz social». También desde ese día dos centenares de personas hacían guardia delante de la puerta del Ayuntamiento para no permitir entrar a nadie: «Lois Pena ya no es el alcalde». «Y al que aparezca», sentenció aquel día el concejal Sangabriel, «al mar con él». Así que en febrero de 1990 se convocó un pleno, el primero desde los sucesos del 1-J. Y el concejal Sangabriel dijo eso de que iba a «haber muertos». «Cangas se convertirá en una tragedia. El pasado uno de junio el pueblo de Cangas sufrió un atentado, ahora Cangas está preparada para poder repeler el atentado», añadió. Las «muertes» que iba a haber en Cangas tenían responsables, según este edil: el gobernador civil de Pontevedra, Jorge Parada; el delegado del Gobierno en Galicia, Domingo García-Sabell; y Lois Pena, naturalmente.
El orden del día del pleno era un tanto insípido, porque lo extraordinario era precisamente el pleno y, con él, tratar de retomar el pulso de la vida municipal. No hubo forma. Pena cedió a las amenazas continuadas y la crispación brutal del pueblo. El alcalde ya había solicitado incluso al Gobierno Civil el envío de fuerzas antidisturbios. Y mientras, la oposición en bloque (PP, IU, Esquerda Galega y Fronte Popular Galega) anunció acciones legales contra la celebración de ese pleno, ya que a su entender vulneraba la Ley de Bases del Régimen Local por celebrarse a puerta cerrada, como pretendía Pena. Por si acaso, también se convocó una huelga general. El 10 de febrero el alcalde renunció a reunir a la Corporación en el Concello. «Pena arría velas», tituló Diario de Pontevedra.
«Yo soy víctima del pulso entre HB y la democracia», se había destapado Lois Pena en 1989, diez días después de los sucesos que catapultaron Cangas a la fama en España. La entrevista era con el diario Abc, y en ella Pena ligaba su continuidad al frente del Consistorio cangués con la democracia: «Si dimito yo, ¿qué pasa con la democracia de este país?». «Empiezo a tener miedo cuando veo que en medio de todo esto está Herri Batasuna, y todos sabemos quién está detrás de HB. Empiezo a tener miedo cuando el Ejército Guerrilleiro ya ha matado a algún guardia civil y cuando todos sabemos quién es el Frente Popular Gallego. En los últimos días voy a dormir a mi casa de Rodeira protegido por la Guardia Civil y por las noches me despierto sobresaltado. Cuando voy caminando por la calle tengo la idea de que me van persiguiendo», dijo. La referencia a HB era debido a que este grupo político vasco tenía el apoyo explícito de la Fronte Popular Galega (FPG), con presencias de tres concejales en Cangas, para las elecciones del Parlamento Europeo.
Un mes después del 1-J y días más tarde de esa entrevista del alcalde cangués en Abc, Ángeles Fernández, de 41 años, ex esposa de Lois Pena, se suicidó con una sobredosis de barbitúricos. Fue un martes 4 de julio. Según Pena, sufría crisis nerviosas continuas «debido a las presiones que estaba sufriendo por parte de esa gente y la imposibilidad de ver a sus hijos, que estaban amenazados de muerte igual que yo, y estábamos todos fuera de Cangas».
Ángeles Fernández estaba internada en un hospital psiquiátrico cuando se enteró de los acontecimientos que tuvieron lugar en Cangas el 1 de junio. Decidió regresar al pueblo. «Intentó ponerse en contacto conmigo varias veces para manifestarme su apoyo, pero al final fue para pedirme que dejara la Alcaldía y que sus hijos volvieran con ella. Yo no sé si hice bien y si hago bien estando de alcalde», dijo Pena a la cadena Cope. Paradójicamente, en la misma entrevista, el regidor mostraba su decisión de no retirarse de la presidencia de la Corporación canguesa porque, si lo hacía, «sería un cobarde y traicionaría incluso la memoria de mi ex mujer».
El entierro de Ángeles Fernández fue la primera vez, desde el 1-J, en la que Lois Pena se dejaba ver en Cangas. Un grupo de vecinos no quiso desaprovechar la oportunidad y se presentó en el funeral para llamarlo «asesino»: «¡Se ha muerto por tu culpa y de tu hijo!», le gritaron unas mujeres. El funeral terminó a chillidos, bastonazos, pedradas y agresiones a los hijos del matrimonio. Un mes después, un grupo de personas lideradas por el concejal Antonio Sangabriel irrumpió en un bar de Cangas do Morrazo buscando al teniente de alcalde, José Antonio Otero, que estaba acompañado de una militante del partido. Tras pedirle a ésta que se apartase, y sin mediar provocación, le propinaron una paliza que lo dejó inconsciente. «Minutos más tarde, Otero perdía el conocimiento, momento en que sus agresores se dirigieron al domicilio de otro concejal socialista, Juan Portela, quien hubo de refugiarse en casa de un vecino para evitar ser agredido», relató el diario El País. «José Antonio Otero fue trasladado por la Guardia Civil a la Casa del Mar de Cangas, donde se le efectuó un primer reconocimiento, y posteriormente a un centro médico de Vigo, donde se le apreció traumatismo craneoencefálico, erosiones múltiples y contusiones en brazo y rodilla derechos». Sangabriel dijo que había sido Otero el que se abalanzó sobre él al descubrirle unas cuartillas en las que era calificado como «fascista».
El 17 de enero de 1990, el juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cangas do Morrazo dictó una orden de búsqueda y captura contra Lois Pena, un primo suyo y dos guardaespaldas. La razón de la orden fue que Pena no compareció días antes a declarar por unos incidentes ocurridos el 9 de enero. Ese día un concejal de FPG, Martín García Cordeiro, presentó una denuncia contra el alcalde y sus acompañantes, que supuestamente lo habían agredido «con barras de hierro». El edil dijo a los médicos que fue asaltado cuando circulaba con su automóvil por la carretera de Coiro. «Las cuatro personas que ocupaban otro turismo, según relató a los médicos, le obligaron a abandonar el coche con la siguiente amenaza: ‘Baja, que te vamos a poner de verano’. Entre ellas figuraban el alcalde y un primo suyo». Lois Pena reaccionó diciendo que fue el concejal quien intentó agredirle. Asimismo, una vecina de 61 años que ingresó en un centro sanitario de Vigo se sumó a la denuncia y dijo que también había sido agredida por el regidor. La reacción de Pena, que dijo que comparecería ante el juez, fue de anunciar una denuncia por intento de homicidio. El portavoz del PP, José Manuel Chapela, había dicho: «Los vecinos se han tomado esto como una cruzada. Aquí cualquier día va a haber una revolución».
No hubo tal. Tras diez meses de estado de sitio, Lois Pena dimitió el 5 de abril de 1990. Cangas fue gobernado, hasta la siguientes municipales, por la primera gestora municipal de la democracia. En la localidad leonesa de Valporquero, contaron unas vecinas al Xornal de Galicia el pasado verano, las dependientas de una tienda se interesaron amablemente por las turistas, y cuando éstas le contaron que eran de Cangas, las dependientas preguntaron:
-¿De Onís?
-Non, do Morrazo.
Y las echaron a gritos de terroristas y otras variopintas lindezas.
