Particulares hacen falsos registros para usurpar terrenos comunales

La mayoría de las personas que ocupan el monte intentan 'prefabricar' un supuesto título de dominio ►Los deslindes tienen como objetivo evitar la picaresca
Monte comunal en el lugar de A Esculca, en la parroquia de Salcedo
photo_camera Monte comunal en el lugar de A Esculca, en la parroquia de Salcedo

Prefabricar un supuesto título de dominio y presentarlo en el Registro de la Propiedad. Este es el patrón que suelen seguir los particulares que usurpan terreno de las comunidades de montes para dotarlo de apariencia de propiedad privada, según indican distintos despachos jurídicos encargados de asesorar a los colectivos parroquiales.

Los representantes legales de los comuneros subrayan que el origen de la mayoría de las ocupaciones de parcelas forestales de titularidad vecinal por particulares se remonta al período anterior a su clasificación por el Jurado de Montes (órgano creado por la Ley 52/1968, de 27 de julio), cuando los terrenos eran gestionados por los ayuntamientos.

Fue precisamente a raíz de ese proceso de clasificación cuando surgieron los conflictos de deslinde, un procedimiento con el que las comunidades de montes pueden blindar sus propiedades y evitar la picaresca que afecta, sobre todo, a parcelas periurbanas (situadas en el entorno de las poblaciones).

Los expertos que se encargan de velar por los intereses de las comunidades de montes explican que, en la actualidad, dadas las exigencias más rigurosas para la inmatriculación de un terreno en el Registro de la Propiedad (presentar doble título de dominio y certificación descriptiva y gráfica del Catastro a nombre del transmitente), "resulta bastante difícil crear un documento ad hoc para la inscripción registral de un trozo de monte vecinal como finca particular".

Las mismas fuentes jurídicas recalcan que, a pesar de que en algunos casos estas actuaciones motivaron la tramitación de expedientes sancionadores por la Administración Forestal (antiguo Icona), "los particulares consiguieron mantenerse en la ocupación, procediendo a escriturarlas e inscribirlas a su nombre en el Registro de la Propiedad".

Esa circunstancia obliga a los comuneros a acudir a la vía judicial y aportar en el litigio los documentos que demuestran el deslinde.

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