Amizade reclama edificios accesibles ante la sede del Instituto de Consumo

El colectivo pide la aplicación de la ley para que inmuebles como el que eligieron sus miembros para protestar cumplan la normativa dentro de la campaña #accesibilidadya
Imagen de la protesta ante las oficinas de Consumo
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Un grupo de personas se manifestó este martes ante la sede pontevedresa del Instituto Galego de Consumo, uno de los ejemplos de que las instituciones siguen sin cumplir las normas básicas de accesibilidad. De este modo, el colectivo Amizade y otros de la ciudad se movilizaron dentro de la campaña #accesibilidadya, promovida por Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cofemce). En el acto leyeron un manifiesto para reivindicar su derecho a hacer una vida normal, lo que incluye poder entrar en todos los edificios públicos.

El objetivo era que el 4 de diciembre todos los inmuebles de este tipo fuesen accesibles, pero las administraciones vuelven a incumplir la normativa. Esta fecha se escogió porque es la que establece la Ley General de Personas con Discapacidad como límite para la eliminación de barreras.

"Hai moitas dificultades para que as persoas con discapacidade poidan exercer os seus dereitos en igualdade de condicións"



Así, se realizaron movilizaciones en diversas ciudades ante edificios con carencias de accesibilidad para poner en evidencia que "hai moitas dificultades para que as persoas con discapacidade poidan exercer os seus dereitos en igualdade de condicións", tal y como explicaba ayer el presidente de Amizade, Paulo Fontán. Del mismo modo, indicó que, aunque se ha avanzado mucho en lo que se refiere a accesibilidad urbana, queda mucho por hacer para garantizar el acceso a edificios públicos, tanto en Pontevedra como en otras ciudades. En lo que se refiere a los establecimientos de titularidad privada, Fontán explicó que son el terreno en el que queda más trabajo por hacer. En este sentido, pidió a las administraciones la creación de un régimen de sanciones para penalizar a quienes se nieguen a hacer sus establecimientos más accesibles.

Fontán explicó que en muchos casos es la propia administración la que incumple las normas sin ninguna sanción por ello. "Entendemos que a vía xudicial será a única opción", dijo. Además, denunció que la Ley de Accesibilidad se aprobó en 2014 y en Galicia debería haberse emitido un decreto a finales de 2016 que todavía no se ha hecho realidad "nin sabemos se está en proceso de redacción", se quejó.

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