Anticorrupción solicita fianzas civiles de más de 1.000 millones a 9 de los últimos imputados de la trama

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido fianzas civiles de más de 1.065 millones de euros a nueve imputados en la última fase de la investigación sobre los ERE falsos, de los que siete ingresaron en prisión.

Las comparecencias para dichas fianzas fueron realizadas en mayo pasado, cuando las actuaciones estaban bajo secreto sumarial, y se han conocido ahora que la juez Mercedes Alaya ha levantado el secreto de las actuaciones.

Por su cuantía, las fianzas más elevadas fueron los 258 millones de euros reclamados para los exdirectivos de la aseguradora Vitalia Eduardo Pascual, María Vaqué, Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, cuya empresa está acusada de cobrar sobrecomisiones por los ERE que luego servían para el "enriquecimiento personal" de los imputados y altos cargos de la Junta presuntamente implicados.

Estas fianzas están destinadas a responder de las futuras responsabilidades civiles y son independientes de las cantidades fijadas para algunos de ellos para eludir la prisión, como los 600.000 euros que Antonio Albarracín abonó la semana pasada.

Según Anticorrupción, dicha fianza civil equivale al total de primas abonadas por la Junta a través de Vitalia y, en el caso de Albarracín, porque las sobrecomisiones le permitieron enriquecerse en 3,9 millones de euros.

Para la esposa de Albarracín, beneficiaria de esos fondos, Anticorrupción pidió 5,2 millones de euros y para Roser Massa, administradora del Holding Vitalia, reclamó 120 millones.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó una fianza de 145 millones para el exsindicalista Juan Lanzas, mediador en los ERE, y para su esposa Patrocinio Sierra lo fijó en 19 millones como "intrusa" en un ERE y beneficiaria de las "ganancias ilícitas" de su marido.

Ismael Sierra, cuñado de Lanzas y titular de las empresas que "de forma ficticia facturaron al Holding Vitalia", deberá depositar una fianza de 2,1 millones, según la petición de la Fiscalía.

Finalmente, Anticorrupción no pidió fianza civil para Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta encarcelado siete meses en 2012 y de nuevo desde marzo pasado, ya que consideraba suficiente esta última medida cautelar real y a la vista de la información policial sobre sus cuentas bancarias. Guerrero, sin embargo, fue puesto en libertad sin fianza esta misma tarde.

Los abogados defensores se opusieron a las cantidades solicitadas y, en todo caso, pidieron que no sean fijadas según el total de 258 millones que este grupo facturó a la Junta sino solo según los 2,6 millones de euros que, según el fiscal, se destinaron a "intrusos" que nunca trabajaron en las empresas sometidas a un ERE.

En el caso de Massa, su letrado hizo constar que es viuda, que percibe una "mínima pensión de viudedad", que está en paro y vive en alquiler ya que no tiene pisos en propiedad.

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