Aprobada la ley que regula la asistencia jurídica a empleados de la Xunta

El Parlamento gallego ha aprobado, con los votos afirmativos del PP y la abstención de toda la oposición, la ley que regulará la asistencia jurídica a los empleados públicos y cargos de la Administración autonómica que se vean envueltos en un procedimiento judicial y que, hasta el momento, se regían por una norma de 1984.

Con la luz verde a esta norma se cierra el listado de medidas comprometidas por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en el plan de impulso democrático que anunció en la Cámara a principios del año pasado y que incluía otras cuatro normas: la ley de transparencia, la reforma del Consello de Contas para que asumiese nuevas funciones contra la corrupción, la ley de iniciativa legislativa popular y la ley de financiación de partidos.

Los grupos de la oposición han optado por la abstención pese a coincidir en la oportunidad del texto, pero mantienen sus reservas en determinados puntos, como por ejemplo con respecto a la fórmula del silencio administrativo que posibilita la norma, la falta de "diálogo" y negociación colectiva o que su "absoluto desprecio" por el gallego.

Entre las novedades de la norma figura que será la Asesoría Xurídica de la Xunta la que tendrá la última palabra a la hora de decidir si se presta o no defensa a un funcionario o cargo implicado en un procedimiento judicial, una decisión hasta ahora del departamento del que dependía el empleado público en cuestión.

También apuesta, según ha destacado la portavoz popular en el debate, Julia Rodríguez Barreira, por el principio de la autoprovisión, es decir, que reserva las asistencias externas de defensa para cuestiones "excepcionales". En los casos en los que se dé este paso, además, la Asesoría Xurídica supervisará la actuación del despacho elegido.

Además, la ley fija que si el trabajador público o el cargo procesado perdiese el juicio tendría que asumir los costes. También reserva mecanismos para que, en el caso de que hubiese silencio administrativo de la Asesoría Xurídica o se le denegase la defensa y finalmente quedase absuelto, se le repercutiesen los gastos ocasionados por su defensa.

CRÍTICAS AL SILENCIO ADMINISTRATIVO. El hecho de que, superado un plazo, los empleados públicos puedan ver "denegada de facto" su defensa mediante el silencio administrativo ha concentrado buena parte de las críticas de Chelo Martínez (Grupo Mixto), Xabier Ron (Age) y también Tereixa Paz (BNG).

"Mantener el silencio administrativo es contradictorio", ha esgrimido Ron, mientras que Chelo Martínez ha acusado a la Xunta de actuar con los empleados públicos con "presunción de culpabilidad". "No es lógico, ni transparente, ni justo, que a alguien se le niegue la asistencia sin una explicación. La respuesta argumentada debe ser obligatoria", ha apuntado.

Tereixa Paz también ha cargado contra el silencio administrativo y ha incidido en la "insignificante o inexistente" voluntad del PP de llegar a acuerdos, para añadir, en tono irónico, que, pese a la "factoría legislativa Rueda y Feijóo", los populares no son "los campeones de la lucha contra la corrupción", sino que "son y siguen siendo los campeones de la corrupción".

Por su parte, Patricia Vilán ha reprobado que el texto llega "sin comunicación previa a sindicatos ni colegios profesionales" y ha censurado que el PP no haya "buscado el diálogo" con la oposición. A su entender, además de evidenciar el "más absoluto desprecio" del Gobierno de Feijóo por el gallego, "no mejora" la asistencia jurídica de la Xunta.

"En Galicia, los letrados piden una convocatoria pública de plazas; eso sí que sería mejorarla", ha subrayado.

"BUENA LEY". Frente a ello, la popular Julia Rodríguez Barreira ha defendido que la norma aprobada este martes es "una buena ley" que "refuerza" los servicios jurídicos de la Administración autonómica, al tiempo que ha reivindicado el paquete de medidas de impulso democrático presentado por Núñez Feijóo y los populares.

Del mismo modo, ha remarcado que "por primera vez" se apuesta por la autoprovisión y se "limita" las asistencias externas a cuestiones "excepcionales" y que, ante el silencio administrativo, la ley prevé mecanismos para que los trabajadores puedan "acudir a otro tipo de defensa y después repercutir los costes de la Administración".