La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de A Estrada dictó un auto el pasado jueves, día 16, por el que acuerda el sobreseimiento provisional de la causa que pesa, desde hace ya tres años (ya que este es el tercer ‘capítulo’ jurídico del asunto) sobre el alcalde estradense y el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José López y Alberto Blanco, respectivamente. El auto, contra el que caben recursos de reforma o de apelación, supone el archivo de la querella criminal que había interpuesto contra ambos el secretario municipal, José Naveira. Éste se querelló contra ambos por considerar que cometieron hasta ocho delitos cada uno en relación a la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).
El funcionario estima ilegal aprobarlo provisionalmente (en la actualidad, está en vigor) con «modificaciones sustanciales» respecto al expuesto en el año 2009 y sin volver a someterlo a información pública, prescindiendo además de su informe negativo y nombrando a una secretaria accidental de forma irregular para que informase a favor del planeamiento, a sabiendas, supuestamente, de que el informe de ésta sería positivo.
Según Naveira, el regidor ‘popular’ sería autor de los delitos de amenazas, coacciones, calumnias, calumnias con publicidad, injurias, injurias con publicidad, prevaricación, nombramiento ilegal y acoso laboral, mientras que al edil Alberto Blanco lo denunció por siete de los anteriores delitos y un octavo distinto al del mandatario, allanamiento de despacho.
El secretario, que pidió una excedencia en enero del año pasado por cuidado de hijo (antes ya había interpuesto una denuncia en la Fiscalía en 2012, que también se archivó y, posteriormente, una segunda que dio por concluida la Audiencia), presentó grabaciones de conversaciones con el alcalde y el edil, pero de nada le sirvieron. La jueza no aprecia delito en nada de lo denunciado ni de lo grabado, no al menos de tipo penal.
SIN INTERÉS PROPIO
De la práctica de las diligencias y de los interrogatorios efectuados a técnicos municipales y redactores del planeamiento urbanístico, que declararon en calidad de testigos, y al alcalde y al concejal, que prestaron declaración como imputados, la magistrada concluye que «no consta un interés por parte de la Alcaldía más allá de la agilización de la tramitación del PXOM». Añade que, si bien resulta manifiesto «un clima de tensión profesional originado por las discrepancias sobrevenidas entre las partes en la tramitación del Plan Xeral (...), estas diferencias no implican la existencia de un trato inhumano ni degradante».
La titular del Juzgado 2 de A Estrada considera probado que el secretario no cumplió con «el encargo» de asesorar debidamente al equipo redactor del PXOM para que el documento no conllevase modificaciones sustanciales y, en consecuencia, no tuviese que exponerse al público de nuevo. Así es que considera justificado que se le apartase de la coordinación del grupo de trabajo del PXOM, del que también ‘se cayeron’ otros dos técnicos. El propio querellante reconoció ante la jueza que evitar cambios imporantes y no dilatar la tramitación había sido la instrucción del regidor. Tanto éste como su concejal admitieron que se había prescindido de Naveira, de un arquitecto y de un asesor jurídico.
En relación a las supuestas coacciones y amenazas, «no resultó acreditado que el alcalde hubiese planteado cuatro alternativas al secretario», que eran, supuestamente, las de cambiar su criterio sobre el informe del PXOM, coger vacaciones mientras se aprobaba el Plan Xeral, abandonar el Concello o «la guerra total entre la Alcaldía y la Secretaría, y en las guerras hay muertes», le habría dicho el regidor al funcionario. La jueza, pese a una grabación en la que Naveira hace referencia a esas supuestas alternativas, sostiene que ni hay pruebas ni las versiones de unos y otros son coincidentes, sino contradictorias (el alcalde y Blanco negaron tales afirmaciones).
Según la jueza, «las expresiones atribuidas presuntamente al alcalde no reúnen los requisitos para constituir un delito de amenazas, ya que no se realiza el anuncio de ningún mal determinado, sino que se trataría de expresiones genéricas, como «guerra total entre la Alcaldía y la Secretaría» y «en las guerras hay muertes», cuyo concreto contexto se desconce». La magistrada tampoco aprecia delito de coacciones en el escrito enviado por el acalde para que el querellante cogiese vacaciones. Además, considera que el nombramiento de la secretaria sustituta fue ajustado a derecho (tenía la titulación necesaria y el alcalde pidió informe a la Xunta, aunque no se atuvo a lo dicho en éste).
Respecto a las presuntas calumnias e injurias con publicidad, si bien el alcalde dijo en los medios de comunicación que el secretario había actuado de «forma caprichosa y arbitraria» y que su informe negativo era «sospechoso» -lo que, según Naveira, implicaba acusarlo de prevaricación e injuriarlo-, la jueza estima que frases de ese tipo «no pueden ser calificadas de insultos ni absolutamente vejatorias o indudablemente ofensivas o ultrajantes». Tampoco lo fue la supuesta pregunta del edil de Urbanismo, Alberto Blanco, a Naveira tras el pleno de aprobación provisional del PXOM: «¿Cuánto te pagan quillo?», pregunta que el edil negó haberle hecho (a pesar de que está grabada, dijo que no se la había dirigido al funcionario).
En su valoración, el alcalde, que estuvo acompañado del concejal , fue claro: «Este caso representa os intereses escuros que impediron a aprobación do PXOM durante 20 anos».
