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Áurea Soto, edil de Urbanismo en Ourense: ''El sistema judicial no debe tocar la política mientras no exista condena''

La responsable de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, ha opinado que el sistema judicial "no debe tocar la política" mientras no exista una condena tras advertir que de lo contrario habría que plantearse "si la gente con dinero puede poner o quitar políticos".

La concejala socialista, que esta mañana declaró en un juzgado de instrucción por una de las cinco querellas en las que figura como imputada, criticó la utilización de la justicia, en concreto en la vía de lo penal por parte de "especuladores" para "presionar a aquellos que no se someten" a intereses particulares.

Soto ha subrayado que esta imputación se produjo porque "se le negó el 10%" de beneficio por el aprovechamiento urbanístico de la residencia universitaria, que atribuyó a intereses particulares y recordó que la residencia funciona desde 2001, inaugurada durante el mandato del popular Manuel Cabezas como alcalde.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictó una "sentencia firme" por la que condena al Ayuntamiento de Ourense a la clausura de una residencia universitaria y al precinto de su actividad, al apreciar irregularidades relativas a que no se hizo proyecto de urbanización.

Los populares denunciaron que se había otorgado la licencia de ocupación sin ajustarse al proyecto de urbanización. "Cualquier persona que tenga dinero puede presentar una querella para apartar a políticos que defienden el poder público", lamentó esta concejala, quien criticó que esta denuncia se presentase por la vía penal.

Preguntada por las manifestaciones de la concejala socialista Mónica Vázquez, en las que defendió que se aparten los cargos imputados de órganos de gobierno, la edila ourensana ha opinado que el sistema judicial no debe tocar la política "más que cuando exista una condena".

De lo contrario, subrayó que sería favorecer la utilización de la misma "para difamar las denuncias, las investigaciones, sin la más remota prueba" y habría que plantearse "si la gente con dinero puede poner o quitar políticos".

Soto proclamó que la función del gobierno es "velar por el interés público", por encima de intereses particulares, al asegurar que si hubiesen "regalado el 10% de aprovechamiento a este promotor no hubiese habido ninguna querella", ni tampoco la querella por asistencias técnicas de haberse concedido la compatibilidad al funcionario Javier Gago.

En este contexto, se remitió al denominado caso de los paneles, que se resolvió con la absolución de todos los imputados y la desestimación de la petición de responsabilidad patrimonial al ayuntamiento por parte de la empresa, lo que a su juicio demuestra "que todo era un cuento chino".

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