El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, abordará el miércoles en el Parlamento Europeo la salida de la peor crisis del euro, unas horas antes de que el pleno de la Eurocámara vote la nueva gobernanza económica para poner a raya a los países que incumplan los objetivos de déficit y deuda.
Barroso ofrecerá ante los eurodiputados su discurso anual del estado de la Unión, en el que se espera que aclare el futuro del segundo rescate griego y dé nuevos datos sobre su propuesta para unas obligaciones públicas europeas, los eurobonos, como herramienta para aliviar la financiación en los mercados de la deuda pública europea.
Bruselas podrá imponer multas equivalentes al 0,2 % del PIB al país que infrinja el Pacto de Estabilidad y Crecimiento -que fija topes del 3 % del PIB para el déficit y del 60 % para la deuda- y del 0,1 % del PIB en casos de desequilibrios macroeconómicos graves como la pérdida sostenida de competitividad, el crecimiento excesivo del crédito y las burbujas inmobiliarias.
El sistema de sanciones -basado en dos fases, una preventiva y otra correctiva- no será automático sino que se requerirá la aprobación por parte de los gobiernos nacionales mediante un complejo sistema de mayorías normales e inversas, que en última instancia prevé un posible veto de los países siempre que 9 de los 17 socios del euro estén de acuerdo.
En el punto de mira de Bruselas no solo estarán los países con alto déficit sino también los que, como Alemania, exportan mucho más de lo que importan y, por tanto, tienen un desequilibrio en su cuenta corriente.
Esos países teóricamente podrían también ser multados, aunque en la práctica parece poco probable que esto ocurra, según indicaron fuentes comunitarias, ya que, aunque conviene detectar si su superávit se debe a algún problema en el país que esté sujetando el consumo o la inversión nacional, su situación no es insostenible.
A partir de ahora, los países de la zona del euro que falsifiquen sus estadísticas sobre déficit y deuda tendrán que afrontar una multa del 0,2 % del PIB, un logro conseguido por la Eurocámara durante las intensas negociaciones de los últimos meses.
Para mejorar la transparencia y, a falta de un ministro europeo de Asuntos Económicos, los titulares de Finanzas de los países de la UE deberán dar cuenta sobre sus decisiones al pleno de Estrasburgo y someterse a preguntas de los eurodiputados de los Veintisiete.
