¿Cuándo comienzan los problemas?
El litigio comenzó a mediados de la década pasada. Fue entonces cuando la Comunidade de Montes de San Salvador, presidida entonces por Carmen Esperón, presentó una denuncia en el Juzgado, al entender que no solo existía un exceso de edificabilidad en la urbanización, sino que la modificación realizada en su día en el Plan Xeral de Ordenación Municipal, que permitió ordenar la parcela de terreno sobre la que se levantan los chalés y el estudio de detalle del proyecto, también presentaban irregularidades. En concreto, los comuneros sostienen que el vial situado en la zona es público y no privado. Cabe recordar que el Ayuntamiento concedió a la promotora Lanzamar los permisos necesarios para acometer esta actuación en 2002.
¿Por qué se demoró tanto el proceso?
Procesos como el relacionado con las 28 viviendas unifamiliares de Boavista no acostumbran a solucionarse por la vía rápida. En este caso, además de los recursos presentados por la constructora (que cesó su actividad debido a la crisis económica) y por el Concello de Poio, también influye que en 2013 el Tribunal Supremo decidió retrotraer todo el proceso prácticamente a su punto de partida: el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Se da la circunstancia de que el máximo organismo provincial ya había fallado a favor de los comuneros en el año 2008. La razón de este giro se basó en un defecto de forma en el trámite judicial, en el que no se citó a una entidad bancaria que tenía una hipoteca sobre la finca matriz. El litigio se reactivó con el mismo resultado.
Un defecto de forma ralentizó la batalla jurídica y obligó a retraer el caso a la sentencia emitida por el TSXG en 2008
¿Implica la sentencia del Tribunal Supremo la demolición de los 28 chalés?
No necesariamente. Lo que establece la resolución del máximo organismo judicial del Estado es que la licencia de construcción que se otorgó para dar vida a esta urbanización es ilegal. Sin embargo, esto no implica que la piqueta tenga que hacer acto de presencia, siempre y cuando no se presenten nuevas denuncias.
¿En qué situación quedan los propietarios de las viviendas?
A día de hoy en estos chalés viven 25 familias, mientras que las tres casas restantes pertenecen a entidades bancarias. De momento, el fallo del Supremo permanece en standby, hasta que no se resuelva el recurso de amparo que el Concello de Poio presentó recientemente ante el Tribunal Constitucional. De cara al futuro, si esta apelación no tiene éxito, los dueños se verían imposibilitados, por ejemplo, para poder vender sus viviendas.
¿En qué se traduce esta polémica en términos económicos?
Es difícil saberlo. El Partido Popular sostiene que, en caso de que los propietarios presenten finalmente una reclamación patrimonial ante el Ayuntamiento (una medida que algunos de los afectados reconocen que tiene visos de hacerse realidad), si finalmente la Justicia les da la razón la Administración local podría verse obligada a abonar unos 16 millones de euros aproximadamente. Propietarios de las viviendas estiman haber pagado en su día unos 400.000 euros por familia para poder adquirir los inmuebles.
