El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto por el que cada administración deberá responder ante cualquier incumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho europeo, cuando hasta ahora el reino de España era el único responsable.
Según consta en la referencia del consejo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya consagró el principio de responsabilidad individualizada de cada administración.
La norma aprobada hoy desarrolla ese principio y establece por primera vez en el ordenamiento jurídico español un sistema general de reparto de responsabilidades entre administraciones, así como el procedimiento para hacerlo efectivo.
El decreto afecta a todas las administraciones y a todo tipo de organismos y entidades públicas, y se aplicará a cualquier tipo de incumplimiento del Derecho europeo que lleve asociado el pago de una multa, una corrección financiera o una minoración de trasferencias o fondos presupuestarios.
Con carácter general será el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el departamento que instruya los procedimientos, que seguirán el esquema común de tres fases: iniciación, instrucción y resolución, en tanto que el Consejo de Ministros resolverá en un plazo máximo de seis meses.
El declarado responsable podrá pagar voluntariamente o bien mediante la aplicación de una retención, deducción o compensación por cualquier otro concepto
