El Concello de Caldas engrasa la maquinaria -de momento, solo administrativa- para ejecutar el derribo parcial del edificio del número 57 de la calle Real, después de que una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) concediera un período de dos meses para hacerlo. De este plazo, que empezó a contar con la notificación del fallo judicial, apenas quedan dos semanas.
De este modo, el Ayuntamiento comunicó al alto tribunal que las gestiones para cumplir la sentencia están en marcha, por lo que el alcalde, Juan Manuel Rey, supone que se cumplirá el fallo. «Entendemos que si estamos dando cumprimento á sentenza», declaró, a pesar de que, obviamente, la piqueta no vaya a actuar de inmediato. La última vez que el regidor se pronunció sobre el asunto fue el pasado 21 de mayo, tras publicarse que el TSXG había tumbado el recurso de apelación presentado por el Concello contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra que obliga a derribar parcialmente el inmueble por exceso de fondo.
Rey explicó que se nombró director de la obra de derribo al arquitecto municipal y que ya se celebraron «varias reunións» con el redactor del proyecto de demolición, el arquitecto César Álvarez Arines, con el objetivo de «actualizar o presuposto» de la actuación, fijado, en un principio, en casi 600.000 euros.
«Tentaremos rebaixalo facendo unha parte con fondos e persoal do Concello. Temos un plan de traballo encargado para ver que parte é posible facela así. Parece que deste xeito hai unha redución altísima» de gasto, subrayó.
Asimismo, confía en que la crisis anime a más empresas a concurrir a la adjudicación de los trabajos que haya que contratar y que, de este modo, baje el precio de licitación.
«Estamos queimando etapas o máis rápido que podemos, pero é un proceso complicado», ya que las condiciones del derribo ponen en peligro la viabilidad futura del resto del edificio. «Xa lle comunicamos ao xulgado que estamos facendo xestións».
En cuestión de plazos, Rey no fue concreto. «Vai depender do que nos pase Álvarez Arines. A vindeira semana teremos o plan e a partir de aí veremos que pasos se dan». De lo que no habló Juan Manuel Rey fue de cómo asumirá el Concello el coste económico, aunque en mayo trascendió que el Gobierno local había solicitado autorización al Ministerio de Hacienda para destinar los 170.000 euros del superávit del Presupuesto de este año a sufragar parte del derribo del inmueble, ya que la Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a que el esta cantidad se destine a reducir la deuda municipal.
Antecedentes
El asunto se remonta a hace más de una década. El 19 de febrero del 2002 -con Tobío en la Alcaldía- una sentencia anuló la licencia otorgada por la comisión de Gobierno a la promotora del edificio por haber incumplido la normativa del fondo edificable. Según el fallo, se permitió un inmueble con un fondo de 21,85 metros por la calle Real y de 32 por la de Porto do Río, cuando las Normas Subsidiarias prevén para estos viales un fondo de 14 y 24 metros, respectivamente.
El Concello prentendía legalizar el inmueble con el PXOM, pero el juzgado rechazó esta posiblidad. El promotor, el malogrado José Manuel Campañó Luna, había reclamado en su día al Ayuntamiento tres millones de euros por los daños y perjuicios ocasionados.
