«Imos acatar a sentenza, pero as explicacións xa as darei máis adiante», se limitó a manifestar hoy el alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, respecto al fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que desestima el recurso de apelación presentado por el Concello contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra que obliga a derribar parcialmente el edificio ilegal de la calle Real (número 57) por exceso de fondo.
El plazo establecido por el juzgado pontevedrés era de dos meses, que ya empezaron a contar a finales de abril, cuando el alto tribunal notificó al Concello la sentencia, aunque esta no trascendió hasta el pasado martes. El TSXG no aceptó que el Ayuntamiento asumiese la ejecución subsidiariamente dentro de tres años, como pedía.
Mientras el alcalde no tiene «claro» qué hacer al respecto, los grupos de la oposición han mostrado su preocupación por las consecuencias jurídicas y, sobre todo, económicas, que la ejecución de la sentencia tendrá sobre las arcas municipales y, por ende, para los vecinos de Caldas.
El portavoz del BNG, Iñaki Fernández Zárraga, tras interesarse por el asunto en el Ayuntamiento, desveló que el Gobierno local ha solicitado autorización al Ministerio de Hacienda para destinar los 170.000 euros del superávit del Presupuesto de este año a sufragar parte del derribo del inmueble, ya que la Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a que el esta cantidad se destine a reducir la deuda del Concello. «Vaise trastocar todo o Orzamento», apuntó el edil, quien subrayó que este asunto «estase xestionando pesimamente» y que incluso el asesor jurídico «aconsellou que non se demore».
Elecciones locales
Asimismo, afirmó que el proyecto de derribo, encargado en 2009 y que costó más de 11.000 euros, tendría que reformarse si el Gobierno local pretende acometerlo con fondos y personal propios, como anunció Rey en su día, aunque tanto la secretaria municipal como los grupos de la oposición dudan de que sea factible, ya que el Concello carece de recursos suficientes para acometer estas obras.
Fernández Zárraga sospecha que el equipo de Gobierno trata de alargar el asunto «esperando a que pasen as eleccións municipais» de 2015, una sospecha que comparte con otros compañeros de Corporación.
«O Goberno local ten que afrontar este lea. Está deixando que pase o mandato por se despois das eleccións vén outro detrás e achanta co sapo», declaró el portavoz de ICdR, Fernando Pérez. El edil subrayó la necesidad de solucionar la situación cuanto antes. «Nas condicións para aprobar o Orzamento esiximos que se reflectira unha partida e non imos permitir que se acometa unha irregularidade. A interventora tamén presentou un reparo de legalidade porque non viña reflectido». Añadió que es «imposible» acometer el derribo con fondos propios ni camuflar la partida en los gastos generales del Concello, ya que «custa case 600.000 euros».
Pérez criticó duramente que el Gobierno local, pese a conceder la licencia en su día con informes técnicos favorables, no defendiera los intereses del Concello en los tribunales cuando un particular presentó la denuncia. «No primeiro trámite xudicial nin sequera compareceu», lo que derivó en la sentencia firme de 2005. «Desde aquela segue aprazando o problema. Que o solucione xa».
El portavoz del PP, Jesús Goldar, señaló que «nos enche de preocupación cada movemento» sobre el tema» y recordó que contra esta última sentencia ya no cabe recurso, lo que «obriga ao alcalde a tomar unha determinación. Os veciños terán que pagar non só o derrube, senón a hipotética reclamación do propietario» del edificio.
Subrayó que la situación «é realmente complicada», que el plazo ya está en marcha y que el PXOM, que podría solucionar el caso, tampoco esta aprobado todavía. «Os veciños teñen dereito a saber que se vai facer. Se o alcalde non o di antes pediremos explicacións no Pleno da vindeira semana».
