Castiñeira insinúa que Orozco y Urbaser están conchabados y el BNG ataca, además, la ''complicidad'' del PP

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Lugo, Jaime Castiñeira, ha afirmado hoy que "da la sensación de que el gobierno local tiene pactado con Urbaser la estrategia a seguir" en la resolución de la huelga de la recogida de basura, iniciada hace quince días por la plantilla de la concesionaria, de 139 empleados.

En este sentido, aseguró en rueda de prensa que "lo que está claro es que los socialistas protegen a Urbaser y no a los lucenses" y añadió que los vecinos "no podemos ser rehenes de un conflicto entre UGT y el gobierno local".

Asimismo, insistió en la petición de dimisión del concejal de Medio Ambiente y portavoz del equipo de gobierno, Luis Álvarez, porque "cada minutos que pasa hace más méritos".

"No son necesarios cinco días para notificar a la empresa el acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado miércoles, además en una situación grave lo lógico sería enviarlo antes de comunicarlo en rueda de prensa", criticó en relación al ultimátum que el gobierno lanzó el miércoles pero que no oficializó hasta ayer, para conceder cinco días de plazo a Urbaser para el cumplimiento de los servicios mínimos.

CRÍTICAS DEL BNG

Una opinión similar expresó la portavoz del BNG en Lugo, Paz Abraira, quien acusó al gobierno local de "situarse del lado de la empresa" Urbaser en este conflicto. Los nacionalistas consideran que el gobierno municipal están realizando una "gestión nefasta" con la "magnífica complicidad del PP". Para esta última aseveración, la concejal nacionalista se basó en que varios ayuntamientos gobernados por el PP cedieron camiones para recoger la basura.

El BNG considera "absolutamente cuestionable" el papel del gobierno local, del que recordó que era conocedor de la convocatoria de huelga y del conflicto laboral existente. Aun así, según Abraira, los socialistas "no tomaron ningún tipo de medidas para hacerle frente a la situación".

Abraira considera que Orozco debe "ejercer como alcalde" y exigirle a Urbaser la retirada de los residuos. Acusa al alcalde de provocar un conflicto con el decreto de servicios mínimos, "absolutamente absusivo", que, añade, no ha sido anulado por los juzgados, pero tampoco validado por ninguna instancia judicial.

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