El Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra ha condenado a un exconcejal del PP del Ayuntamiento de Moraña por los insultos que dirigió contra la presidenta de la Deputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva, a la que calificó como "mala zorra" y "sinvergüenza" en las redes sociales.
El exedil de Igualdad en el Concello de Moraña Jorge Caldas, así como el militante del PP Daniel Monteagudo han sido condenados a un mes de multa con responsabilidad penal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos de impago, además de las costas procesales.
Esta condena llega después de que el mismo juzgado decidiera en primera instancia archivar la causa, cuyas diligencias se iniciaron después de que el exedil Jorge Caldas dirigiera sus insultos a Carmela Silva a través de Facebook tras la negativa del gobierno provincial a subvencionar la celebración de un rally en Vigo. Estos insultos le costaron el cargo al concejal del PP, pues dimitió días después.
Carmela Silva ha expresado este jueves su satisfacción por este fallo judicial "en nombre de todas las mujeres que son insultadas por el hecho de ser mujeres".
La presidenta de la Deputación ha recalcado que dio instrucciones al asesor jurídico del ente provincial para que se buscara una penalidad más leve que el delito de injurias graves por el que se incoaron las diligencias previas, ya que no pretendía ejercitar "una suerte de venganza punitiva".
Ha celebrado que con este fallo "se cierra un incidente tan grave como desagradable" y ha afirmado que si no lo dejó pasar fue para evitar que se repitan episodios similares en el futuro.
La jueza pontevedresa que archivó el caso en su día, con competencia en asuntos relacionados con la violencia contra mujer, concluyó entonces que las expresiones proferidas por este edil no son constitutivas de delito al haber sido vertidas "en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión".
Aunque reconocía que el exedil y el militante del PP emplearon un lenguaje "soez", la jueza añadió que este tipo de términos no resultan "inhabituales" en las manifestaciones de cargos públicos, a pesar de que, tal y como recogía la denuncia presentada, sus autores deberían haber tenido un "plus de mesura" por su responsabilidad pública y política.
Además, dichos comentarios, a pesar de ser realizados tres horas después de un pleno, eran el resultado, según el auto de archivo del caso, de una "obcecación" al enterarse de la decisión adoptada con respecto al rally, al no estar ninguno de ellos en dicha sesión.
