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Condenado el responsable de servicios de prostitución en un piso de la Gran Vía de Vigo

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a 8 años y medio de prisión a un hombre responsable de los servicios de prostitución en un piso de la Gran Vía, donde varias mujeres, incluidas extranjeras traídas a España, eran explotadas en el domicilio donde ejercían esta actividad.

La sentencia considera que los hechos probados son constitutivos de un delito de inmigración ilegal con fines de explotación sexual del que es autor el proxeneta, A.P.S. Así, se le condena, como responsable de un delito de promoción de la inmigración ilegal, a una pena de seis años de prisión y, como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, a otros dos años y medio así como a una multa de 2.700 euros.

Además, se condena a la compañera sentimental de éste, R.M.S. como cómplice del citado delito de promoción de inmigración ilegal, a dos años y seis meses de prisión. También se la declara cómplice en el delito contra los derechos de los trabajadores, castigada con una pena de un año de cárcel y multa de 540 euros.

Asimismo, la abogada S.R.P., a quien se le atribuye la redacción de los modelos de contrato para traer a las mujeres a España, se la considera cómplice del delito de promoción de la inmigración ilegal y se le fija una pena de dos años de prisión "con inhabilitación para el ejercicio de la abogacía durante el tiempo de la condena".

Por otra parte, también se establecen diversas indemnizaciones --cada una de ellas por valor de 7.000 euros-- a favor de cuatro de las mujeres.

MULTAS Y SOCIEDADES

La sentencia, ante la que cabe recurso, explica que el condenado tenía "establecidas y documentadas" las condiciones de funcionamiento del piso de citas, que califica de "normas internas del 'Harem'" y que eran de obligado cumplimiento. Entre ellas, se encontraban cuestiones sobre el aspecto de las mujeres, su comportamiento e incluso un "sistema de sanciones con multas" en caso de concertar citas unilaterales con clientes --1.000 euros-- y de 500 euros no por trabajar en exclusiva, no realizar servicios especiales que habían sido aceptados y por abandono del piso sin preaviso de 15 días de antelación.

Estas normas eran dadas a conocer a las mujeres "antes de comenzar a trabajar" por "el acusado o R.M.S." y las mujeres cubrían una ficha con "datos personales, disponibilidad horaria, experiencia" y una relación de servicios sexuales especiales con un espacio para indicar si los aceptaban o no.

También se considera probado que las mujeres procedentes del extranjero "con billete pagado por el acusado" y que residían en el piso "debían estar disponibles 24 horas" y que los lunes A.P.S. hacía cuentas con las mujeres pero no les pagaba la totalidad, "dejando siempre a deber alguna suma con la finalidad de que volvieran al piso. En todo caso, las que debían de abonar la deuda del viaje "no cobraban el porcentaje pactado hasta su completo pago".

A.P.S. tenía dos pisos en la ciudad y desarrollaba su actividad ilícita a través de la Fundación Campus Stellae que presidía, "con la finalidad aparente de promover el deporte entre la juventud", y de las sociedades Evian Sport y Excess Profesional Company S.L., a través de las que "alquilaba los pisos y contrataba los viajes con las agencias", según indica la sentencia, en la que también se ordena la disolución de la citada fundación así como de las dos sociedades.

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