Costas abre la puerta a la legalización de As Sinas y deja fuera los hoteles de O Terrón

La mayor parte de las casas de As Sinas son de bajo y una planta y fueron construidas hace varias décadas. f.s.
photo_camera La mayor parte de las casas de As Sinas son de bajo y una planta y fueron construidas hace varias décadas. f.s.

VILANOVA. La nueva Ley de Costas que elabora el Gobierno central, y que ya pasó el trámite de su votación en el Senado, no cambiará la situación establecida en el municipio de Vilanova. A la espera de su votación definitiva en el Congreso, que podría dar lugar a alguna reforma del texto aprobado, el alcalde arousano, Gonzalo Durán, entiende que abrirá la puerta a la legalización de las viviendas situadas en la playa de As Sinas y mantendrá fuera de ordenación los hoteles asentados al borde de la playa de O Terrón.

Estos dos asentamientos urbanísticos son el reflejo de dos conceptos completamente opuestos a la hora de ocupar el territorio, y sus vicisitudes también son diferentes. As Sinas es un núcleo de población que tiene en el mar su fuente de vida y habita unas viviendas que, en su mayoría, son de bajo y una planta y cuentan con los servicios básicos: acceso, agua, saneamiento y electricidad.

Década de los 70. Se trata de casas construidas antes de que entrase en vigor la ley anterior, promulgada en el año 1983, y como sucede en otras localidades costeras, una parte de ellas forman un conjunto que años atrás fue conocido con el nombre de casas baratas, cuya promoción correspondió al Gobierno en la década de los años 70.

La explotación hostelera solo cuenta con un referente. Se trata de un hotel, cuya legalidad podría ser cuestionada. Sobre la arena de la playa todavía quedan los restos de otro establecimiento de estas características que fue eliminado durante el mandato de Gonzalo Durán, después de un pleito con sus propietarios que se prolongó durante varios años y finalizó con la orden de derribo y la imposición de una multa.

Al otro lado de Vilanova, en la fachada marítima situada frente al litoral de A Illa de Arousa, se extiende la playa de O Terrón, bordeada por un paseo peatonal. Es un arenal cuyo interés desplazó al que tuvo As Sinas hasta finales de los 70, y los propietarios de las fincas situadas en sus cercanías no dudaron en aprovechar su tirón.

Pero la diferencia entre uno y otro es que mientras los propietarios de las viviendas del primero podrían haber sido liberados de cualquier preocupación si el Goberno local lo hubiese definido como núcelo tradicional en sus normas subsidiarias, los de las fincas del segundo construyeron edificios cuando sus parcelas no tienen la calificación de solares. Al haber transcurrido desde entonces los seis años reglamentarios, no pueden ser derribados.

Mientras en As Sinas la franja de protección podría rebajarse a 20 metros, en O Terrón se mantendrá en 100, por lo que los hoteles seguirán fuera de la legalidad y sus propietarios tendrán que seguir pagando las multas por realizar obras de mantenimiento.

"No tienen arreglo y tampoco hubo discusión sobre eso, no era suelo urbanizable y lo sabían", recordó ayer el alcalde. Sin embargo, el regidor dijo que los campigns podría ser legalizados. En la actualidad solo lo está uno.

El nuevo texto legislativo podría propiciar la regularización de las situación de los campings, indicó el alcalde arousano

Una conservera de O Grove despeja su futuro

Si la Ley de Costas, cuya tramitación está en su recta final, se mantuviese tal como se encuentra redactada en la actualidad, su entrada en vigor despejaría la preocupación de los propietarios de una empresa conservera situada en O Grove.

Se trata de Conservas Isabel de Galicia, que se asienta en Virxe das Mareas, cuya concesión tenía tres décadas de validez, finalizó el mes pasado y no tenía derecho a prórroga, por lo que la reforma evitó que se produjese un problema que podría provocar la pérdida de cientos de puestos de trabajo.

Los interrogantes sobre su continuidad también planearon sobre otra empresa conservera, Dardo, de Vilanova, cuya legalización fue posible mediante una reforma puntual del planeamiento urbanístico que recibió el visto bueno de la Xunta en el mes de marzo de este año.

Mientras, la inquietud se mantiene en A Illa, porque son más de treinta los propietarios afectados. Uno de ellos es el dueño de una vivienda unifamiliar y otro, el de una empresa transformadora de conchas de moluscos.

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