Cuatro años de una ley contra los escalones que casi nadie cumple

LA ANTIGÜEDAD del parque de viviendas y la falta de recursos económicos juegan en contra de la accesibilidad. Es un problema silencioso e invisible. Los espacios públicos se van acondicionando, pero en los edificios particulares de cierta edad a duras penas por el coste que supone. Aún hay personas de movilidad reducida que casi viven atrapadas entre cuatro paredes. Algo tan sencillo como salir a la calle para hacer la compra les puede resultar una odisea. Tienen el enemigo en casa. Escaleras angostas, sin ascensor, ni rampas. Cada peldaño es un escollo a salvar a diario.

Esas barreras domésticas parece que podían tener los días contados. Desde hace un par de décadas los edificios ya nacen sin limitaciones, pero en los anteriores a esa fecha, que son mayoría, es preciso ponerse manos a la obra. El Real Decreto Legislativo 1/2013 establece que antes del próximo 4 de diciembre los inmuebles particulares tendrían que realizar "ajustes razonables" de accesibilidad para garantizar que las personas con discapacidad puedan hacer uso de las zonas comunes como cualquier otro vecino. Incluso contempla sanciones para las comunidades de propietarios que las incumplan, de 301 a 30.000 euros para las infracciones leves; de 30.001 a 90.000 para las graves y hasta un millón para las muy graves.

Tras casi cuatro años en vigor, la respuesta está siendo fría. Esta norma jurídica con rango de ley es una herramienta más de "buenas intenciones", a juicio de los actores implicados.

Debería llevarse a la práctica en tres de cada cuatro viviendas colectivas, si no hay problemas estructurales que lo impidan, que son las que presentan problemas de accesibilidad a juicio de los órganos colegiales de los administradores de fincas. Uno de los vicepresidentes del colegio gallego, Félix Galocha, asegura que las comunidades de propietarios "lo estan valorando muy despacio, sin un entusiasmo muy pronunciado".

El vicepresidente del Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, Antonio Javier Núñez, augura que es "de difícil y corto recorrido". Desde la patronal de la construcción se considera que es una muestra de "buena voluntad", aunque precisa que a la hora de plasmarla habría que examinar "cada caso concreto" debido a que ve una falta de desarrollo reglamentario. "Mucha ley, mucha ley, pero de nada nos sirve si no se hace cumplir", precisa la delegada de la asociación de personas con discapacidad Auxilia, Nuria Neira.

Este decreto acota la reforma a acometer. Es lo que denomina "ajustes razonables". Para comprender lo qué significa esta expresión se puede echar mano de la conocida como ley de las tres erres, la 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que advierte de que las medidas de adecuación de un edificio para facilitar la accesibilidad universal "de forma eficaz, segura y práctica" no pueden suponer una carga económica "desproporcionada" para las comunidades de propietarios.

¿Qué entiende el legislador por desproporcionada? La cuantía que tendrá que asumir cada propietario por la derrama, descontadas las posibles ayudas públicas, no podrá exceder de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. Es decir, que si cada mes ingresa a la comunidad 40 euros, las obras de adecuación no podrán suponerle un desembolso superior a los 480 euros.

Esta norma, que no está alcanzando los frutos deseados, nació con el fin, entre otros, de velar porque se garantice que las personas con discapacidad puedan acceder a las zonas comunes de cualquier edificio, independientemente de si reside o no en él.

"Pensamos que no es necesario, pero ¿y si el día de mañana nos rompemos una pierna y tenemos que usar silla de ruedas? Es un beneficio para todos, no solo para las personas con discapacidad, porque discapacitados podemos llegar a ser cualquiera", afirma Nuria Neira.

OBLIGACIÓN INCOMPLETA. Este colectivo está más amparado cuando se precisen acometer obras en el inmueble en el que "vivan, trabajen o presten servicios voluntarios", como recoge la Ley de Propiedad Horizontal. En ese caso, en el que también si incluye a las personas de más de 70 años —aunque no tengan problemas de movilidad—, la comunidad de propietarios está obligada a asumir los costes de la reforma solicitada, "la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior", según la norma.

Pero esa obligación no es a cualquier precio. El tope de la aportación por vivienda sería el equivalente a esas doce mensualidades mencionadas, financiación oficial al margen. Si el presupuesto excediese ese importe, los afectados tendrían dos alternativas para que se pueda acometer la reforma. Una, menos habitual, que la comunidad de propietarios acuerde en junta asumir todo el coste. Y otra, más viable, que la persona con discapacidad o el mayor de 70 años sufrague la diferencia entre el total y la aportación máxima exigible a sus vecinos.

"Las comunidades de propietarios prestan atención cuando hay un vecino afectado. Se lo toman bastante en serio. Son solidarias. Buscan una solución. Incluso aportan más de esas 12 mensualidades", apunta Félix Galocha.

La eliminación de esas barreras domésticas puede ser muy costosas. Instalar un ascensor de cuatro plazas y acondicionar las rampas de acceso en un edificio antiguo de cuatro plantas ronda los 60.000 euros —una tercera parte es el precio de la máquina—. Una silla salvaescaleras, que es una asiento que circula por un raíl que puede ir instalado en el pasamanos, ya es más económica, a partir de unos 3.500 euros.