La jueza de la operación Pokemon, Pilar de Lara, ordenó el pasado diciembre abrir una pieza separada sobre la portavoz del PP gallego, Paula Prado, y preguntó al Ministerio Fiscal si procedía elevarla al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por su condición de aforada al ser diputada autonómica.
Así consta en uno de los nuevos tomos de la instrucción de esta operación que han podido ser descargados hoy por las partes y a los que ha tenido acceso Efe.
La jueza basa su petición sobre Prado, que no está imputada en el caso, en informes de Vigilancia Aduanera durante la etapa de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santiago en los que "aprecia varias irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción penal".
Prado compareció como testigo en este caso y su declaración sigue bajo secreto, al igual que las del exalcalde de Santiago de Compostela Gerardo Conde Roa, el exconcejal Albino Vázquez y el empresario Leonard Patterson.
La jueza considera, según el informe de Vigilancia Aduanera, y sin perjuicio de la investigación posterior por el órgano competente, que la portavoz del PP gallego pudo haber participado, en su etapa como concejal, en el "pago de una factura inflada" por la representación de un espectáculo para "beneficiar" a un empresario investigado en esta causa.
También atribuye a Prado su presunta participación en "influencias", junto con otros dos concejales imputados, Albino Vázquez, ya fuera de la corporación, y Adrián Varela, así como con el entonces jefe de gabinete de Conde Roa, Ángel Espadas, "para beneficiar económicamente a su marido" en su actividad de venta de materiales textiles a varios ayuntamientos.
El auto de la jueza señala, asimismo, que la portavoz del PP gallego pudo haber participado en "influencia en la contratación de determinadas personas afiliadas o próximas ideológicamente" a su partido en empresas concesionarias de obras y servicios del consistorio compostelano, en donde era además de concejal, "responsable" de la Agencia de Colocación de Empleo, "llegando a adaptar para ello los currículums a los puestos de trabajo". "Habría enchufado supuestamente a alguna persona para ser contratada por la empresa Sermasa, adjudicataria del concurso de escuela infantil de Salgueiriños, que es uno de los investigados en las actuaciones", continúa el auto de la jueza, siguiendo el informe de Vigilancia Aduanera.
Tras la publicación de algunas de estas investigaciones en fechas anteriores Prado emitió un comunicado en el que señalaba que "nunca" intercedió por la actividad profesional de su marido ni de sus empresas.
Prado, que es portavoz del PP gallego, desde hace más de dos meses no comparece ante los medios y hoy mismo ha anulado su presencia en un acto electoral, señalaba en ese comunicado emitido el mes pasado que en la operación Pokemon ella fue llamada a declarar en calidad de testigo y que no estaba imputada.
También consta en uno de estos tomos, que la jueza consultó el 3 de septiembre de 2013 a la Fiscalía Anticorrupción si investigaba al exalcalde de Santiago y actual diputado gallego, el socialista Xosé Antonio Sánchez Bugallo, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y cohecho.
La magistrada Pilar de Lara hizo esta consulta tras haber localizado una denuncia contra el exalcalde en el registro del domicilio de su sucesor, el popular Gerardo Conde Roa, que dimitió tras ser condenado por un delito fiscal y fue relevado por el popular Ángel Currás.
También el alcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández, ha certificado, como se ha podido ver en esta nueva entrega, que su predecesor, Francisco Rodríguez, realizó dos viajes a Argentina y Brasil en mayo de 2008 pero "ninguno pagado con fondos municipales", como así refleja en un escrito recogido en el sumario de la Operación Pokemon.
La jueza de Lugo había ordenado el pasado día 12 a la Interpol que indagara los desplazamientos del exregidor a estos dos países, con "fechas de realización, lugares visitados, si viajó solo o acompañado" así como los importes de los mismos.
En respuesta al oficio de fecha 13 de septiembre de 2013, el regidor ourensano aclaró que no le consta "ningún viaje realizado por Francisco Rodríguez al extranjero durante su mandato de 2007-2012 pagado con fondos municipales". "El Ayuntamiento no ha hallado factura alguna de viajes al extranjero de Francisco Rodríguez desde junio de 2010 hasta la actualidad", indicó Fernández, quien ha rechazado alguna "salida de dinero del ayuntamiento de Ourense".
Además, hoy se conoce que también han sido investigados casos concretos de viajes protagonizados por el regidor lucense, Xosé López Orozco, imputado en la trama, según consta en una providencia de septiembre de 2013. De acuerdo con informaciones manejadas por la agencia Europa Press, en el caso de Orozco la magistrada se interesó por viajes a Dallas en mayo de 2009 y a Boston, en febrero de 2010 y preguntó si "pudo haber viajado a China" en 2008.
Además, en la petición de información sobre desplazamientos al extranjero se incluyen, entre otros, peticiones sobre viajes a Panamá de José Reigosa García; a Lima del exconcejal de Lugo Lino José González Dopeso; a Bangkok de Miguel Ángel Negral Fernández; a Punta Cana del exalcalde de Punxín (Ourense) Alfredo Cruz Gago; a Londres, Casablanca, Caracas, Nueva York y Paraguay del actual alcalde de Punxín, Manuel Vázquez Fernández.
A ello se suma la petición de información sobre hospedajes en establecimientos hosteleros de Lino Dopeso; Manuel García; así como el que fue responsable de la Policía Local de Ourense Álvaro Abelardo Ulloa; el alcalde de O Carballiño, Argimiro Marnotes y el que fue asesor del Ayuntamiento de Santiago con Gerardo Conde Roa como regidor, Ángel Luis Espadas.
