''Debe haber personas específicas para velar contra la corrupción''

Carlos Varela, fiscal superior de Galicia (Foto: David Freire)
photo_camera Carlos Varela, fiscal superior de Galicia (Foto: David Freire)

BUEU. Prevenir la corrupción. Para el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, este objetivo resulta prioritario en los tiempos actuales, en los que los delitos se multiplican por este mal que parece arraigarse cada vez más en las instituciones. Bajo el título 'A importancia e prioridade da prevención no combate á corrupción', Varela ofreció el pasado jueves en Bueu una charla sobre este asunto y sobre otros temas que preocupan a los ciudadanos, como el fraude de las participaciones preferentes. La charla tuvo lugar en el Centro Social do Mar y fue promovida por la Asociación Cultural para o Debate Ricardo Gómez Buceta.

¿Cómo se previene la corrupción?

Mediante mecanismos para abordar comportamientos de riesgo. Hay una necesidad de establecer una guía, con un órgano ad-hoc que podría ser en Galicia el Consello de Contas, y planes de prevención de riesgos (como el tráfico de influencias o el cohecho) en la gestión de las administraciones públicas. Se necesitan mapas de riesgos de comportamientos corruptos, en los que se explique cómo actuar para neutralizarlos y con personas encargadas de velar por que se cumplan y por que estén permanentemente actualizados.

¿Sería entonces necesario contar con personas específicas en las administraciones para cumplir con esta función?

Sí, deberían ser funcionarios atentos y activos, no burócratas, que formen parte de las plantillas y con un perfil ético indudable.

En la práctica, ¿cómo se aplicaría esto a administraciones como los concellos?

Uno de los ejemplos que daré en la charla es el caso de la experiencia portuguesa, que ya hace varios años diseñó un plan de prevención de estos riesgos y todos los ayuntamientos de Portugal lo tienen implantado en sus departamentos. Podría aplicarse, por ejemplo, en las áreas de Urbanismo para controlar las recalificaciones de terrenos o las concesiones de licencias, o incluso en las diputaciones para la contratación del personal. En Galicia, en alguna Deputación aparecieron contrataciones de cien personas que no se correspondían con las necesidades de la plantilla y este tipo de comportamientos son los que hay que evitar.

¿Se refiere a la Deputación de Ourense?

No quiero dar ejemplos, pero deben evitarse contrataciones realizadas sin la convocatoria de concursos públicos o sin controles. Además del ejemplo de Portugal, en la charla citaré otros mecanismos de control ya ordenados en Europa por la ONU, el Banco Mundial o el Grupo de Acción Europea.

¿Cree que es realmente viable aplicar estos protocolos en Galicia y que sean efectivos?

Cada concello estaría obligado por ley a cumplir el plan. Esta propuesta es bien conocida en el Parlamento y se creó una comisión de estudios de la misma para lograr hacer hincapié en la prevención de la corrupción y evitar que no todo el control recaiga sobre la vertiente represiva.

¿Es tanta la corrupción en Galicia como para tener que plantearse estas medidas?

En 2012 se registraron 152 delitos asociados a comportamientos corruptos en las administraciones gallegas y puede haber, además, una cifra negra de los que no se denuncian o que no son detectados. Es necesario reaccionar contra esto.

Otro de los grandes temas que preocupa actualmente a los gallegos es la recuperación de los ahorros retenidos por los bancos con las preferentes. ¿En qué situación se encuentra la demanda presentada por la Fiscalía?

Es una demanda colectiva presentada ante el Xulgado de Primera Instancia de A Coruña contra la forma de comercialización masiva de este producto entre un sector no idóneo, que son los ahorradores. Viendo que las sentencias individuales están dando la razón a los preferentistas y que todas dicen lo mismo, lo que se pretende evitar es que los 43.000 afectados que hay en Galicia tengan que ir a pleito por lo mismo. Por ello la demanda se presenta como un instrumento procesal de carácter colectivo con métodos para una calificación masiva para todas las personas afectadas.

¿Ha sido una estafa masiva?

Sería una estafa de carácter civil, lo cual se califica como práctica abusiva (la estafa tiene una calificación penal). Ha sido abusiva, además, porque hay contratos con firmas que no se corresponden, otros de personas que padecen alzheimer y más casos.

Además del ‘abuso’ de los bancos, ¿tiene este problema también un trasfondo político?

Yo ahí no tengo nada que decir. Lo que la Fiscalía pretende es actuar desde el ámbito del derecho y en defensa de las personas con carácter de ahorradores, que no son inversores, y declarar la nulidad de los contratos.

¿Cree que se va a solucionar?

Nosotros pondremos los medios e instrumentos para ello y, si hay voluntad judicial, sí. Hay que superar el miedo a ese escenario y plantearse que la opción colectiva es posible hasta encontrarnos con un tribunal que la considere. La ley dice que es posible.

Pero, al margen del arbitraje, solo quienes recurren individualmente a la Justicia son quienes logran recuperar el dinero...

Pero hay que pensar que 43.000 pleitos colapsarían los juzgados.

¿De los casos denunciados, cuántas sentencias han sido favorables?

De 200, solo dos no lo han sido, y el goteo continuará así, por eso lo mejor es resolver el problema de una vez sola.

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