La sanguinaria etarra Inés del Río, de 55 años, ha abandonado la prisión coruñesa de Teixeiro a las 16:25 horas de esta tarde después de que la Audiencia Nacional haya decidido su excarcelación por unanimidad en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Los 17 magistrados que componen el pleno de la Sala de lo Penal -que preside Fernando Grande-Marlaska- han adoptado esta decisión al entender que el fallo es claro "y concluyente", por lo que "desde hoy se consideran extinguidas sus responsabilidades penales por cumplimiento de condena" tras 26 años y tres meses entre rejas.
Una quincena de personas, entre familiares y amigos, han esperado en el centro penitenciario gallego a la antigua miembro del comando Madrid, auxiliar administrativo de profesión, originaria de Tafalla, Navarra, y encarcelada desde julio de 1987.
Vestida de negro, Del Río ha repartido abrazos y besos entre la comitiva que la aguardaba y ha sido tapada con una enorme ikurriña para resguardarla del aluvión de flashes de fotógrafos y cámaras de televisión.
PROTESTAS
Junto a los suyos, y sin que nadie haya hecho declaraciones, ha abandonado la zona, y lo han hecho en cuatro turismos, ella en el último, marca Hiunday. También hasta las proximidades de la cárcel se han desplazado algunas personas, entre ellas dos vecinos de Pontevedra que portaban una bandera de España con el escudo tachado para denunciar "la política de claudicación" del Estado. Estos dos individuos, junto a un tercero, profirieron gritos a la comitiva de vehículos cuando estos dejaban atrás el centro penitenciario.
En declaraciones a los periodistas, Ignacio Menéndez, una de estas personas, natural de Madrid pero que reside en Pontevedra y ha afirmado ser hijo de militar, ha indicado que "la Justicia emana del pueblo" para advertir de que los familiares de las víctimas deberán ahora "tomarse la Justicia por su mano", puesto que el Estado y "el Régimen de Juan Carlos I de Borbón han claudicado".
En los últimos años, Inés del Río había cumplido condena en Teixeiro por delitos, entre otros, de atentados, asesinatos, estragos, tenencia de explosivos y falsificación de documentos.
Para adoptar esta mañana la decisión de su puesta en libertad, la Sala de lo Penal ha tenido en cuenta el informe de la Fiscalía, que ha considerado que la resolución de Estrasburgo "es clara a la hora de indicar la medida requerida para poner remedio al derecho o derechos vulnerados y no es otra que garantizar la puesta en libertad de la señora Del Río en el plazo más breve posible".
La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclamaba que fuera puesta en libertad en el plazo más breve, ya que entiende que la sentencia no da "ninguna elección", aunque ha pedido el bloqueo de la indemnización de 30.000 euros acordada por la Corte Europea.
Pero este no será el único caso que vea la Audiencia Nacional tras la sentencia de la Corte Europea. El viernes, la Sala de lo Penal tiene convocado un pleno ordinario, en el que ya tenía previsto con anterioridad estudiar los casos de dos etarras a los que se aplicó la doctrina Parot.
''INMEDIATA'' LIBERTAD DE OTROS 56 RECLUSOS
Además, los abogados de Del Río han asegurado que van a solicitar la "inmediata" puesta en libertad de 56 reclusos a los que se ha aplicado retroactivamente la doctrina Parot.
Uno de esos primeros recursos que verá el pleno el viernes es el de la etarra Josefa Mercedes Ernaga, una de las responsables de atentado de Hipercor en 1987 en Barcelona que suma más de 900 años de condena, y el otro es el interpuesto por el miembro de ETA Manuel Piriz López, condenado por asesinato y por disparar a dos policías en 1984.
Ernaga, junto a otros miembros del comando Barcelona de ETA, fue condenada en 1989 a 794 años de prisión por el atentado contra el centro comercial Hipercor de Barcelona, cometido el 18 de junio de 1987, en el que murieron 21 personas y resultaron heridas otras cuarenta.
Además, en 1991 la Audiencia Nacional le impuso otros 142 años de cárcel por un atentado perpetrado en 1987 en el puerto de esa ciudad en el que falleció un guardia civil.
De este modo, la Audiencia Nacional revisará una por una las condenas de presos etarras que lo soliciten porque se crean afectados por el fallo de Estrasburgo.
