PONTEVEDRA. La 'venganza pobre', dicen los expertos. Con ese sobrenombre se conoce al delito que, según los investigadores de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, cometió un joven de O Salnés cuando, tras romper con la que un día fue su pareja, aprovechó las facilidades que ofrecen las redes sociales para, supuestamente, atentar gravemente contra su intimidad. Los agentes de la Brigada de Investigación Tecnológica del acuartelamiento de Domingo Fontán detuvieron en los últimos días al presunto autor de los hechos, natural de la provincia de Pontevedra y de condición militar, que actualmente presta servicio en el Palacio del Pardo, a las afueras de la capital de España.
Los hechos investigados tuvieron lugar al poco tiempo de la ruptura de la citada pareja, según relatan fuentes del Juzgado de Instrucción número 4 de Cambados, donde el militar prestó declaración en calidad de imputado.
Los informes policiales narran que el arrestado habría usurpado la identidad de su expareja al crear un sistema de anuncios en portales de Internet mediante el cual se ofrecía (con el nombre de la persona y el número de teléfono móvil de la que pretendía venganza) servicios de tipo sexual, indicando junto a ello un lugar físico en el que se llevaría a cabo el encuentro del que la supuesta víctima no sabía nada. El acusado citaba el lugar de trabajo de su expareja, un establecimiento de hostelería ubicado en la localidad de Vilanova de Arousa.
Una vez recibida la denuncia en la Comandancia de Pontevedra (los hechos se produjeron hace ya varios meses, pero su investigación no cristalizó hasta que llegaron a manos de la Policía Judicial de la capital provincial), las pesquisas no fueron complicadas. Todo apuntaba hacia el mismo lugar, la 'venganza pobre' del joven que había mantenido una relación sentimental con la presunta víctima y de cuya ruptura le guardaría rencor.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado le imputan los delitos de calumnias y descubrimiento de secretos que, según la valoración final que realice el Ministerio Fiscal, podrían conllevar penas de prisión de entre seis meses y dos años en el caso del primero de los delitos y de uno a cuatro años en el segundo (ambas se sumarían si se diese una sentencia condenatoria), además de la indemnización.
