Los dos testigos protegidos que contribuyeron con sus declaraciones a la detención y enjuiciamiento de los principales cabecillas del narcotráfico en Galicia, hace ahora veinte años, en la denominada 'operación Nécora' denunciaron hoy tener insuficiente protección de las autoridades.
Ricardo Portabales Rodríguez y Manuel Fernández Padín, que se encuentran protegidos por la Justicia española tras mostrar su arrepentimiento, colaboraron en desmantelar las redes de narcotráfico aportando pruebas y datos y declarando contra los principales líderes que operaban en Galicia, por lo que recibieron varias amenazas.
En declaraciones a Efe, Fernández Padín indicó que, tras su compromiso con las autoridades judiciales, el Estado les concedió un escolta personal y una pensión, pero dijo que la sala tercera de lo penal de la Audiencia Nacional acordó recientemente retirarles la asignación anual que percibían después de haberles eliminado la vigilancia.
"Nos dijeron que no podíamos estar así toda la vida y eso lo entiendo, pero no pueden dejarnos tirados en la calle de la noche a la mañana, tendrían que habernos llamado y buscar una solución como hacen en otros países", comentó Fernández Padín.
Tras haber testimoniado contra algunos de los principales cabecillas del narcotráfico en el juicio celebrado en 1990 en Madrid, Fernández Padín se casó y tuvo dos hijos, que ahora tienen 12 y 4 años, y sufre actualmente una cirrosis hepática, por lo que se encuentra a la espera de un trasplante de hígado.
"Quienes tienen que hacer cumplir la ley son los primeros en incumplirla, porque por nosotros no cotizaron ni respetaron nuestros derechos, ahora estamos preparando un recurso al ver que todas las puertas están cerradas", añadió.
Ese testigo protegido, originario de Vilanova de Arousa, dijo sentirse traicionado tanto por el fiscal antidroga Javier Zaragoza, como por el juez Baltasar Garzón o el actual ministro de Fomento, José Blanco.
De éste último, indicó que "veranea en una casa que tiene en A Illa de Arousa" y subrayó que "cuando estaba en la oposición me decía que el Gobierno tenía que ayudarnos, pero ahora que está en el Gobierno, ahí arriba, le cuesta trabajo mirar hacia abajo: igual tiene miedo a coger un dolor de cuello, ni me recibe ni quiere saber nada".
Respecto a Zaragoza y Garzón, subrayó: "solían recibirnos y mover lo que hiciera falta para que ayudarnos, pero ahora cierran los ojos y no quieren saber nada de nosotros, llamamos a muchas puertas y todas las encontramos cerradas".
Un tercer arrepentido, Manuel Baulo Trigo, resultó muerto en su domicilio de la localidad pontevedresa de Cambados por disparos de un grupo de sicarios, en venganza por sus declaraciones contra el clan de los Charlín.
También, en noviembre de 2004, un vehículo propiedad de Fernández Padín apareció totalmente calcinado en su localidad de Vilanova de Arousa coincidiendo con una visita a sus familiares.
La confesión de Fernández Padín fue una de las principales pruebas que permitieron que la sala de lo penal del Tribunal Supremo confirmara una condena a 18 años de cárcel y una multa de 200 millones de pesetas al narcotraficante Francisco Melchor Charlín Pomares por participar en 1989 en tres descargas de hachís y otra de 600 kilos de cocaína en las costas gallegas.
Su testimonio está considerado como una de las piezas clave para acabar con las redes de narcotraficantes y narcotransportistas, particularmente el clan de los Charlín.
Actualmente cumplen condena en prisión José Luis Charlín Gama y su hermano Manuel Charlín Gama, considerado como el patriarca de la banda, además de uno de su hijos, Manuel.
También figuran detenidos José Manuel Prado Bugallo, Sito Miñanco, Laureano Oubiña, Alfredo Cordero y Francisco Javier Rodríguez Sanmillán, considerados como algunos de los principales cabecillas del narcotráfico y el narcotransporte en Galicia.
