El 40% de los viticultores de Rías Baixas suspenden las auditorías de la D.O.

La mayoría de las deficiencias tienen que ver con la superficie y la titularidad de los viñedos
Almudena Rodríguez en la sede del Consello Regulador, sito en el Pazo de Mugartegui
photo_camera Almudena Rodríguez en la sede del Consello Regulador, sito en el Pazo de Mugartegui

Los viticultores adscritos a la Denominación de Orixe (D.O.) Rías Baixas tienen cada vez más difícil burlar las normas estipuladas por el Consello Regulador para preservar el prestigio de sus caldos.

Ahora no basta con velar por el crecimiento de los racimos, sino que los cerca de 6.000 cosecheros que forman parte de la D.O. deben cumplir a rajatabla un riguroso pliego de condiciones y todas y cada una de las pautas del manual de la calidad pactado por la marca para aplicar las normas que dicta Europa.

En aras de garantizar su cumplimiento, el Consello ha impulsado dos tipos de controles. Uno de ellos se centra en supervisar la vendimia y corre a cargo de un grupo de unos 70 veedores (nombre con el que se conoce a los inspectores del vino). El segundo consiste en auditar las cosechas y bodegas, y es tarea de cuatro auditores.

Este último filtro empezó a funcionar en 2011 y, hasta la fecha, ha dejado en evidencia que un 40% de los viticultores suspenden el examen. La pontevedresa Almudena Rodríguez Saavedra, ingeniera agrícola de 35 años, es la única responsable de auditar los viñedos y una de las que despeja dudas acerca de este elevado índice de incumplimiento.

DESFAVORABLES. Almudena lleva cuatro años trabajando para el Consello Regulador y, según dice, la mayoría de las irregularidades están ligadas a temas burocráticos. Las "no conformidades" más habituales se deben a que hay diferencias entre la superficie de cultivo registrada en el Consello Regulador y la recogida en el rexistro vitícola, competencia de la Xunta de Galicia.

En el 99% de los casos los cosecheros logran enmendar las deficiencias detectadas en las auditorías del Consello Regulador

Otras de las más comunes es que el titular de la cosecha que aparece como tal en el Consello no es el mismo del que tiene constancia la Administración autonómica, pero, de nuevo, se trata de un tema de papeleo que el viticultor puede enmendar sin mayores dificultades: "Si el resultado de la auditoría es desfavorable, el viticultor dispone de un plazo de dos meses para presentar la documentación necesaria o las alegaciones que considere oportunas. Estas se revisan y, en el 99% de los casos, las deficiencias se enmiendan", explica Almudena.

Por el contrario, los cosecheros suelen respetar todo lo relacionado con el sistema de cultivo y las variedades de uva autorizadas por la marca. Además, la auditora asegura que los informes desfavorables "cada vez van a menos", ya que los viticultores están tomando conciencia "de que hay que ponerse al día".

CONTROLES. Desde la entrada en funcionamiento del sistema de auditorías, cada año se auditan un 5% de los viticultores inscritos en el Consello Regulador, lo que implica "entre 300 y 320" auditorías. Entre ellos se encuentran cosecheros veteranos, pero también los que se adhieren a la Denominación de Orixe "por primera vez".

Por el momento, "no está estimado el año" en el que finalizará este arduo trabajo, pero es suficiente una regla de tres para calcular que la tarea podría durar más de una década o incluso dos.

En la actualidad, Almudena se encarga del trabajo a pie de campo, mientras que el resto de técnicos corren a cargo de las auditorías de las bodegas adheridas a la Denominación, un proceso "algo más complejo" en tema de papeleo y que es totalmente independiente al examen de los viñedos.

Por norma general, unas y otras auditorías se llevan a cabo entre los meses de octubre y junio. La temporada de verano se dedica, en cambio, a "actualizar el registro de viticultores y a preparar la vendimia", algo que básicamente consiste en verificar que los cosecheros "tienen al día su listado de parcelas".

Al mismo tiempo, durante la época de vendimia un grupo de 70 veedores se suma a la labor fiscalizadora de la marca para ratificar que la elaboración de vino cumple todas las de la ley. Su objetivo principal es vigilar las condiciones en las que entra la uva en bodega, su estado sanitario y el cupo aportado por cada viticultor, limitado a 12.000 kilos por hectárea. Sin embargo, su perfil se aproxima cada vez más a la figura del auditor, pues desde hace dos años los veedores también están autorizados para abandonar la bodega y desplazarse al viñedo de donde procede la uva para inspeccionar las condiciones del cultivo y la forma en la que la uva sale hacia el sitio de elaboración.

Como resultado, un mismo viticultor de Rías Baixas puede ser evaluado en un mismo año por el grupo de auditores y, posteriormente, por alguno de los integrantes del equipo de veedores. Por control que no sea.

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