El 90% del mercado de las agencias de calificación, también llamadas de "rating", está en manos de tres firmas estadounidenses: Moody's, Standard & Poor's (S&P) y Fitch, todas ellas con sede central en Nueva York.
Estas compañías se encargan de valorar el riesgo que supone invertir en empresas emisoras de valores y en deuda pública de países de acuerdo con su situación financiera. Este virtual oligopolio les confiere un gran poder, puesto que los informes que emiten tienen una gran repercusión en los mercados.
Aunque cada agencia tiene su propio sistema, con diferentes matices, las calificaciones se realizan con códigos de letras, que van desde la triple A (AAA) -la mejor nota que indica una solvencia muy alta de la deuda emitida-, a la C o la D (dependiendo de la agencia), que señala la escasa capacidad del organismo emisor para reembolsar su deuda o incluso su insolvencia.
Estas calificaciones son meras opiniones, pero el hecho de que el sistema financiero mundial sea tan sensible a sus vaticinios y que el futuro de empresas y países esté a menudo pendiente de sus valoraciones, ha abierto un debate sobre ellas.
La critica más extendida hacia estas agencias ha sido su incapacidad para anticipar la crisis que comenzó en 2008, ya que, entre sus más sonados errores, bendijeron las cuentas griegas o las hipotecas basura en EEUU y certificaron la solvencia del banco de inversión Lehman Brothers pocos días antes de su quiebra.
Sus ingresos proceden principalmente de lo que les pagan las empresas por sus evaluaciones, aunque las compañías tienen la potestad de no hacer pública la valoración que han recibido.
En noviembre de 2011 la Comisión Europea presentó una serie de medidas para limitar el poder de las agencias y llegó a plantearse la prohibición de publicar informes sobre países en crisis, aunque finalmente desistió de esta idea.
Tampoco se ha decidido poner en marcha una Agencia Europea de Calificación de Riesgo, que costaría entre 300 y 500 millones de euros durante cinco años y cuya credibilidad podría ser puesta en duda si calificara a los estados que la financian.
