El alcalde de Barro: "La sentencia del TS amenaza con estrangular las arcas"

Fernández Abraldes lamenta que el Supremo condene al Concello a pagar 350.000 euros a un vecino desahuciado por un proceso iniciado por el anterior alcalde

El alcalde de Barro, José Manuel Fernández Abraldes (BNG), ha advertido de que una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ayuntamiento a abonar casi 350.000 euros a un vecino que fue desahuciado amenaza con "estrangular" las arcas municipales.

El fallo judicial revalora unos terrenos que fueron expropiados en el año 2007, cuando era alcalde José Antonio Landín Eirín, del Partido Popular. En aquel momento, la promotora pontevedresa Viviendas Caselas S.L. se hizo con más del 80% del ámbito urbanizable en torno al Pazo da Crega, en la zona de San Antoniño, pero uno de los propietarios –que poseía parte del pazo y un terreno de 3.000 metros cuadrados– no quiso vender ni tampoco entrar en la junta de compensación para repartirse los beneficios posteriores de esta promoción inmobiliaria.

El Consistorio, obligado por la ley del suelo, aprobó la expropiación forzosa de esos terrenos, por los que la inmobiliaria realizó el pago de 270.000 euros, mientras el dueño del terreno reclamaba una indemnización mayor, reconocida posteriormente en los tribunales, en 2008 elevando el justiprecio hasta los 522.000 euros.

En plena crisis, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, Viviendas Caselas S.L. entró en concurso de acreedores y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia entiende que es el Ayuntamiento de Barro el responsable de asumir esta deuda, ya que al no pagar la promotora del proyecto, la Administración expropiante debe hacerse cargo del justiprecio en calidad de responsable subsidiario.

"AQUI ALGUIEN METIÓ LA PATA". "Aquí alguien metió la pata", ha avisado en rueda de prensa Xosé Manuel Fernández Abraldes, que reprochó al anterior ejecutivo que no hubiese informado ni a la oposición ni a los vecinos de la existencia de este recurso ante el Tribunal Supremo. "Vamos a revolvernos lo que haga falta", ha apuntado, contra esta decisión, con el objetivo de no quedarse "con cara de parvo".

El Ayuntamiento cuenta con un presupuesto anual de unos 2 millones de euros por lo que esta situación, ha explicado el alcalde, "te deja con las manos atadas" ya que la cantidad a pagar sería más del triple del dinero que, anualmente, se destina a inversiones propias en Barro, unos 100.000 euros.

Además, ha afirmado que "no es normal" que sean los vecinos de Barro los que afronten un pago que correspondería a los beneficios de la empresa promotora o a los bancos que ahora poseen esos terrenos tras haberlos embargado.

SENTENCIA "INCOMPRENSIBLE". La sentencia, según Fernández Abraldes, es "incomprensible", ya que el Consistorio de Barro no tiene "nada que ver" con esta promoción inmobiliaria.

Así, se están estudiando ya las acciones que adoptará el Ayuntamiento, por la vía judicial con un posible recurso de amparo ante el Supremo o un recurso ante el Constitucional y por la vía política con reuniones "a todos los niveles" para resolver esta situación.

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