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El Concello de Portas se enfrenta a una reclamación de 502.501 euros

El exalcalde Roberto Vázquez
El exalcalde Roberto Vázquez
La demanda fue presentada por una ex asistenta social que sufre una incapacidad laboral permanente a consecuencia de una agresión

El BNG-Asembleas Abertas de Portas anunció este miércoles la presentación, en el Rexistro del Concello, de la solicitud de un Pleno extraordinario para tratar de forma monográfica la situación creada por las sucesivas condenas contra la Administración local, como consecuencia de la "desprotección, con pleno coñecemento, dunha traballadora municipal que, finalmente, sufriu unha brutal agresión", expone este.

Mónica Ferro, asistente social, contratada como personal laboral fijo por el Concello de Portas, fue brutalmente agredida el día 2 de julio del año 2012, siendo alcalde Roberto Vázquez, que entonces pertenecía al Partido Popular.

Como consecuencia de las lesiones sufridas en lo que los nacionalistas califican, de manera entrecomillada, "accidente de traballo", le fue reconocida una invalidez permanente y absoluta.

El día 20 abril de 2016, el Xulgado do Social número 4 de Pontevedra condenó al Concello de Portas, con recargo de prestaciones de un 50%, "por desamparar con pleno coñecemento á traballadora, con terribles consecuencias", recuerda el BNG-Asembleas Abertas.

La sanción impuesta es la máxima posible que contempla la ley y, dado que tiene naturaleza punitiva, no se pode hacer cargo de este desembolso económico ningún seguro ni la Seguridad Social, que lo valoró en 183.693,50 euros.

El día 6 de marzo, la Sala do Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimó el recurso de súplica presentado por el Gobierno local contra esta sentencia y también lo condenó a hacerse cargo de las costas. El TSXG determinó que este caso es de "meridiana inactividade ou pasividade", por parte del Concello, en relación a los riesgos a los que estuvo sometida la trabajadora.

El 23 de noviembre, el Xulgado do Social número 2 de Pontevedra condenó a la Administración local a abonar a Mónica Ferro Folgar 47.000 euros, en concepto de indemnización por la aplicación del convenio colectivo de su contrato, que era el de construcción, cuando trabajó de asistenta social.

Este documento establece que le corresponde el derecho a percibir esa cantidad en el supuesto de que sufra incapacidad permanente absoluta derivada de accidente laboral. La sentencia fue recurrida por el Concello.

"O Pleno non foi informado da recepción de ningunha das tres sentenzas, nin da presentación dos recursos, nun intento por ocultar as consecuencias das neglixencias de Roberto Vázquez e dos erros cometidos na estratexia de defensa do actual Goberno", denuncia.

Este grupo agrega que, en octubre de 2016, la extrabajadora presentó al Concello una reclamación de indemnización por responsabilidad civil, derivada de accidente de trabajo, por valor de 502.051,38 euros. Esta petición fue rechazada por el Pleno en diciembre, "sen estudo e sen debate", puntualiza. "O máis probable é que esta reclamación acabe en vía xudicial, con graves consecuencias para as arcas municipais", advierte el BNG-Asembleas Abertas.

El Concello de Portas se enfrenta a una reclamación de 502.501 euros
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