El Pleno del Congreso debate hoy la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE que pide excluir la concesión del indulto a los condenados por delitos de corrupción y de violencia de género, que modificaría una ley de 1870.
La iniciativa de modificación de la ley relativa al ejercicio de la gracia de indulto, una de las más antiguas del ordenamiento jurídico, defiende que "no está justificado que este recurso excepcional se aplique a los supuestos de delitos relacionados con la corrupción cometidos por autoridades o cargos públicos ni a los vinculados con la violencia de género".
Por ello, los socialistas piden prohibirlo "cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero".
Y añaden que "tampoco procederá el indulto cuando la condena sea por delito relacionado con la violencia de género".
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya adelantó en su comparecencia en el Congreso del pasado 5 de diciembre, en la que presentó su hoja de ruta para la legislatura, su intención de prohibir los indultos a los condenados por corrupción.
Con la vista puesta en el acuerdo PP-Ciudadanos, Catalá pretende articular una ley que prohíba los indultos a condenados por corrupción para que "la corrupción no se indulte jamás y sea una decisión que no dependa nunca de ningún gobierno".
Es por ello que la propuesta de los socialistas tiene serias opciones de salir adelante al tratarse de una iniciativa que figura en el programa del PP y en el acuerdo de investidura de este partido con Ciudadanos.
Desde el PP recuerdan que prohibir el indulto a condenados por corrupción es algo que está en su programa electoral y que comparte con la formación de Albert Rivera, que recuerda que este aspecto va incluido en su propuesta de Ley Integral anticorrupción.
Se trata incluso de un compromiso que figura en el programa de Unidos Podemos que pretende no sólo abordar este asunto, como ya se ha hecho sin éxito otras veces, sino reformar al fin una ley arcaica. "Después de 150 años, ya es hora", afirman fuentes de la formación morada a Efe.
Al margen de denegar el indulto a los corruptos, la propuesta de los socialistas insta a que su concesión se haga en real decreto "motivado", que se insertará en el Boletín Oficial del Estado, "donde se recogerán las razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del penado que concurren en la concesión del indulto a juicio del Gobierno".
"El mejor modo de evitar una conducta arbitraria en este ámbito es exigir que todo indulto, sea total o parcial, se acompañe de la expresión concreta de las razones que conducen al Gobierno a concederlo; esto es, a exigir que los reales decretos de indulto sean motivados", añade.
Pero también plantea que el indulto sólo se conceda si existe informe favorable del magistrado o tribunal sentenciador en el que se recojan las razones para poder otorgar el indulto total.
