La segunda fase de la operación Pokemon se desarrolló a primera hora de la mañana, por orden del juzgado de instrucción número uno, con la detención de nueve personas, como avanzó www.elprogreso.es a primera hora de la mañana. Cuatro de ellas fueron arrestadas en Santiago. Se trata del concejal de Seguridad Ciudadana, Grúa y Ora, el popular Albino Vázquez Aldrey; el exedil y antiguo asesor del exalcalde Conde Roa, que dimitió del cargo en 2011, tras verse sorprendido de madrugada por agentes de la Policía Local, que le encontraron durmiendo sobre el volante de su vehículo, frente a un semáforo y con el motor en marcha; José Luis Míguez, delegado de Aquagest en la ciudad; y Jesús Fuentes, un empresario muy cercano a Espadas. Los agentes del Vigilancia Aduanera llevaron a cabo diversos registros en Santiago, incluidas dependencias municipales, la casa de Gerardo Conde Roa y la oficina de Aquagest, en la Rúa do Vilar.
Todo parece indicar que esta investigación se inició a raíz de las escuchas telefónicas de la operación Pokemon, que descubrieron supuestos tratos entre los políticos de Santiago y esa importante empresa de gestión de servicios de agua, en relación con una supuesta ampliación del contrato ante la competencia de otras firmas que querían introducirse en Santiago.
La operación no se circunscribió en este caso a Galicia. En Asturias fue detenido el presidente del PP y exedil de San Martín del Rey Aurelio, Joaquín Fernández Díaz; mientras que en Cataluña se han realizado en total cuatro detenciones. El primero de los arrestados fue el alcalde de la población de la comarca de La Selva Sant Hillari de Sacalm, Robert Fauria Danés, de CiU, y le siguieron J.C.F.M. cap del Departament d'Organització de Serveis a la Ciutadania del Consell Comarcal de la Selva, J.M.F.I.G. apoderado de la empresa GRS Arc Local y A.R.V. administrador de la misma empresa.
El caso Pokemon suma así ya más de 30 detenidos, entre los que se encuentran el exalcalde socialista de Ourense Francisco Rodríguez y el exregidor de Boqueixón, el popular Adolfo Gacio, y otros tantos imputados, entre los que están el alcalde de Lugo José López Orozco (PSOE), el de Santiago, Ángel Currás, y el de O Carballiño, Argimiro Marnotes, ambos del PP. El principal encausado es el exedil lucense Francisco Fernández Liñares, único implicado que estaba en prisión y que obtuvo recientemente la libertad porque la prórroga de su detención fue ilegal.
