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NULIDAD DE LAS ACTUACIONES POR INDEFENSIÓN Y PRESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS OBJETO DE ACUSACIÓN

El exjefe de Aduanas en Pontevedra se resiste a la condena en el juicio por el fraude del gasoil

José Carrón (con gafas de sol), exjefe de Aduanas en Pontevedra, este jueves, en la Audiencia Provincial
José Carrón (con gafas de sol), exjefe de Aduanas en Pontevedra, este jueves, en la Audiencia Provincial
El fiscal retiró la acusación contra cinco de los imputados y llegó a acuerdos con once más rebajando mucho las penas

Un interminable turno de cuestiones previas liderado por el letrado de dos de los acusados y secundado por la abogada de José Carrón González y el de José Ángel Corcoba Conde (jefe y empleado del Servicio de Vigilancia Aduanera en Pontevedra entre 1999 y 2000, cuando ocurrieron los hechos), sirvió este jueves para abrir el fuego en el macrojuicio del gasoil que obligó a 23 personas a sentarse en el banquillo de los acusados del Pazo de Xustiza de Rosalía de Castro.

Los alegatos previos de los letrados eran una muestra clara de sus intenciones: habían rechazado los acuerdos de conformidad que les propuso el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, y tenían en mente defender la inocencia de sus patrocinados. De este modo, solo los cuatro citados deberán afrontar las acusaciones del Ministerio Público y de la abogacía del Estado, que solicitan para ellos importantes penas de prisión y multas millonarias por su presunta participación en una trama que se dedicaba, entre otras argucias, al desvío de gasóleo desde A Coruña hacia Portugal para su posterior puesta en el mercado eludiendo la correspondiente carga impositiva en una acción fraudulenta que, según las estimaciones, superó los 30 millones de euros. El fiscal jefe retiró la acusación contra cinco de los procesados. Otro de ellos ha fallecido (lo que conlleva la extinción de su responsabilidad penal) y uno más, defendido por el conocido letrado Jorge Paladino, no ha podido ser localizado y se halla en rebeldía. Su caso, que, según confirmó el letrado, será juzgado individualmente en cuanto aparezca, podría conllevar una nueva retirada de la acusación, dada la antigüedad de los hechos.

En cuanto al resto, el lunes se retomará la vista oral contra cuatro de los acusados, dos de ellos agentes del Servicio Vigilancia Aduanera. Uno era el jefe provincial del servicio, José Carrón González, y otro, José Ángel Corcoba Conde, era el encargado de controlar a las empresas que supuestamente trabajaban con la trama: Carburantes Acibro S.L. y Depósitos de Galicia S.L. (Depogal).

LOS ACUERDOS. Respecto al acuerdo alcanzado, Juan Carlos Aladro precisó que pide siete meses y 16 días de prisión por cada delito, así como el pago de la cantidad defraudada (1,4 millones de euros en el año 1999 y 253.000 euros en el 2000) para Manuel Prado López y Ángel Rafael Piñeiro Bermúdez, por dos delitos contra la Hacienda Pública. Además, por el delito de falsedad en documento mercantil solicita cinco meses y ocho días de prisión y una multa de dos meses a razón de una cuota diaria de 6 euros para cada uno.

Para Pastor Alicio Antonio Pérez Arribas, autor de un delito contra la Hacienda Pública, el fiscal pide de tres meses de prisión, y cinco meses más por un delito continuado de falsedad en documento público.

Para Carlos Bautista Parejo, Severino Lacueva Fernández, Manuel Cándido Vijande Méndez, Antonio Fuentes Redondo y Vicente Buenaventura Bueno López, Aladro solicita cinco meses y ocho días de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, y una multa de seis meses con cuota de 6 euros al día. Para los agentes de la Guardia Civil, por último, pide seis meses de multa con una cuota diaria de 6 euros más la inhabilitación especial para el empleo de funcionario público durante un año.

Todos ellos se benefician de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

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