El Fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Álvaro García Ortíz, ha resaltado hoy que el hecho de que la sentencia no recoja sus pretensiones no puede llevar a calificarla de injusta.
No obstante, consideró en declaraciones a la Radio Galega (RG) que mantiene su convencimiento de que ha existido delito medioambiental y que se debían recoger las reparaciones por los daños.
También lamentó que el proceso se hubiese dilatado tanto, por razones "estructurales" y también por el derecho de la defensa a hacerlo, lo que dio lugar a un "cóctel" que hace que estos procesos sean "complejísimos y se dilaten en el tiempo".
Preguntado por la responsabilidad política, señaló que la Fiscalía "tenía clara" la tesis de que la administración del Estado no fue culpable, ni responsable de los daños, y agregó que, desde el punto de vista penal, es indiferente que un político se encontrase entonces de cacería.
El fiscal se refirió también a las modificaciones producidas tras la catástrofe del Prestige y citó las normativas Erika 1, 2 y 3, de las que las dos segundas son consecuencia del siniestro en Galicia, a pesar del nombre asignado. No obstante, consideró que se puede producir un nuevo desastre, porque por delante de las costas gallegas circulan buques con cargas y sustancias peligrosas.
García Ortiz, que no quiso valorar la decisión de alejar el buque, subrayó que la Fiscalía prosigue con su idea de que debe haber un "resarcimiento" por unos daños que ha cifrado en 4.328 millones de euros, aunque reconoció que el recurso es extraordinario y caben pocas razones para que una sentencia absolutoria sea revocada.
Finalmente, sobre los incendios forestales, se manifestó partidario de "políticas a largo plazo" y basadas en el "consenso".
