El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dicho hoy que no hay más remedio que acatar "por muy doloroso que sea" la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la doctrina Parot, que ha supuesto la excarcelación de presos por delitos graves, entre ellos etarras.
Eduardo Torres-Dulce ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados para explicar los criterios con los que la Fiscalía defenderá los derechos de los ciudadanos en relación con el fin de la retroactividad de la doctrina Parot, una decisión del Tribunal de Estrasburgo que el Constitucional español ha comenzado debatir hoy en un pleno que seguirá mañana.
Ha informado de que la Fiscalía pedirá a las Fuerzas de Seguridad que adopten las medidas legales preventivas pertinentes para proteger a las posibles víctimas en los casos de excarcelaciones de presos con grave riesgo de reincidencia.
El fiscal general ha aclarado que el TEDH resolvió un caso concreto, el de la etarra Inés del Río, y que no anuló la doctrina Parot sino su aplicación retroactiva en perjuicio del reo.
Torres-Dulce ha explicado que la Fiscalía debe seguir el criterio marcado por el pleno del Tribunal Supremo tras la sentencia del TEDH, por el que la doctrina Parot únicamente cabe aplicarla a causas sentenciadas después del 28 de febrero de 2006, desde cuando comenzó a ejecutarse. Ha reconocido que aunque la doctrina no está anulada, en la práctica el número de causas en las que se puede seguir aplicando es ahora "casi ínfimo".
Ha dicho que mantener un criterio distinto por parte de la Fiscalía sería una postura "jurisprudencialmente imposible e inútil" en un Estado de derecho, "por muy doloroso que sea", aunque se suma a la petición del Supremo de que el Gobierno regule de forma precisa la forma de aplicar las resoluciones del TEDH, pues su sentencia ha puesto de relieve "importantes lagunas con notorias disfunciones".
Torres-Dulce ha recordado que desde que el Tribunal Supremo acuñó la doctrina Parot la Fiscalía ha impulsado su aplicación a terroristas y otros autores de delitos graves, una posición que no varió desde que el TEDH dictara su sentencia. Ha añadido que, aunque en el caso de Inés del Río la resolución del TEDH supuso su excarcelación, al menos la Audiencia Nacional ha asumido el criterio de la Fiscalía de que los 30.000 euros que el tribunal de Estrasburgo estableció que el Estado debía pagar a la etarra por el tiempo de más que ha estado presa se destinen a satisfacer las indemnizaciones a las que fue condenada por sus "múltiples crímenes".
Torres-Dulce ha recalcado el compromiso del Ministerio Público para proteger los derechos de las víctimas y ha insistido en que comparte su dolor por la situación creada con estas excarcelaciones. No obstante, ha aclarado que las mismas no se han llevado a cabo de una forma mecánica ni apresurada sino que se ha aplicado una sentencia de un tribunal europeo reconocido por España en la que se dilucidan cuestiones relevantes como la libertad personal.
Finalmente ha dicho que espera a la decisión que adopte ahora el Tribunal Constitucional para acatar su resolución.
