Pese a las setencias de los tribunales y las críticas de los sindicatos contra los servicios esenciales "excesivos" fijados por la Xunta en las últimos paros generales convocados en España, el Gobierno gallego no ha reducido los míminos en las áreas de sanidad y educación para el convocado para este jueves sino, más bien, lo contrario.
Tras defender que la asistencia médica es "prioritaria" sobre el ejercicio de huelga, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha establecido en todos los centros de la comunidad una cobertura del 100% para atender las urgencias. Mientras, en educación el Ejecutivo ha ordenado la presencia en los colegios de personal cuidador para velar por la "seguridad" de los escolares, una figura que en otras huelgas no era obligatoria.
Así lo contemplan sendos decretos publicados hoy en el Diario Oficial de Galicia (DOG), que marcan las normas para la prestación de los servicios básicos durante el 29 de marzo, que los sindicatos recurrirán por "abusivos" y contra los que no descartan presentar una demanda por presunta "prevarización".
Ante las críticas lanzadas ya la semana pasada contra esos mínimos, el Gobierno autonómico les respondió de forma velada a través de la orden que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en relación con el anterior decreto de septiembre de 2010 "vino motivada unicamente por el déficit de expresión de la ponderación de factores y criterios tenidos en cuenta para la fijación de los servicios mínimos". Esto es, la Xunta alega que los jueces no los consideraban desmedidos, sino que unicamente vieron "insuficiente" los motivos esgrimidos por el Ejecutivo para fijar unas prestaciones esenciales en cada área.
Con este telón de fondo, en los centros sanitarios públicos y privados habrá personal para atender el 100% de la actividad "urgente" en los quirófanos, las salas de parto, las guardias médicas y el servicio de urgencias. La cobertura también será máxima en las unidades de reanimación, en cuidados intensivos o en los departamentos de diálisis y enfermedades oncológicas. Para los enfermos hospitalizados, el decreto establece un número necesario de profesionales en los centros para garantizar las visitas médicas, la atención de dolencias y las altas clínicas.
En cuanto a las consultas en los hospitales, recibirán atención aquellos ciudadanos con citas preferentes o urgentes, los pacientes con cáncer o los desplazados. El jueves se realizarán solo las pruebas complementarias urgentes y las que sean "inaplazables" para los enfermos hospitalizados.
Entretanto, en los centros de salud los médicos, pediatras y odontólogos cubrirán el 100% de las urgencias, mientras que para el resto de servicios se fijará un número de trabajadores en función del tamaño de la plantilla. El jueves también se cubrirá al 100% la atención urgente que prestan las ambulancias del 061 y operarán todos los servicios de transporte para enfermos que requieran tratamientos ambulatorios de oncología o diálisis.
EDUCACIÓN
En materia de enseñanza, el decreto de la Xunta ordena que el 29 de marzo habrá en los centros escolares públicos y privados un miembro de la dirección, un subalterno para abrir y cerrar el colegio, un aulixiar cuidador y una persona de cocina. Además, el transporte escolar operará practicamente con "regularidad normal" en la educación obligatoria. Unos servicios básicos que CC.OO. y UGT consideran "excesivos" y, en en el caso del personal de cocina, "prescindibles", al argumentar que la convocatoria de una huelga general de 24 horas en ningún caso supone una amenaza al derecho a la educación.
Así, ambos sindicatos acusan a la Xunta de dificultar la participación en el paro "precisamente a esos trabajadores públicos a los que afecta de forma más directa a la reforma laboral", según denunció hoy la secretaria general de la Federación de Ensino de CC OO, Machús Fernández. En este escenario, su homólogo en el área de Servicios en UGT, Marcelino Brea, llamó a los empleados de la educación a secundar la huelga tras advertir de que la calidad del sistema "se está deteriorando constantemente".
Una situación que las centrales atribuyen a las políticas de ajuste implementadas por los gobiernos en los últimos meses y que auguran que se agravará con la aprobación el viernes de los presupuestos del Estado y la entrada en vigor de la reforma laboral. De hecho, Machús Fernández criticó que la posibilidad de aplicar por primera vez expedientes de regulación de empleo extintivos dentro de la Administración pública tiene como objetivo "privatizar distintos servicios" y, en el caso de la educación, se refirió a la limpieza o a los comedores. Así, Brea acusó a los gobiernos de actuar "desde un punto de vista economicista" en un servicio "que debe ser clave para el futuro".
Al margen de la educación y la sanidad, CC OO y UGT ya solicitaron la suspensión cautelar de los mínimos fijados por la Xunta en la CRTVG, las instalaciones deportivas o los juzgados al considerar que "son especialmente abusivos" y "no tienen el carácter de esencial".
