El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto hoy una fianza de 16 y 3 millones de euros a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente, para asegurar las responsabilidades pecuniarias y les concede tres días hábiles para depositarlas si no quieren ver embargados sus bienes.
El magistrado ha tomado esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción al considerar que las conductas de los imputados se podrían tipificar como un delito continuado de administración desleal, que sanciona a los administradores de una sociedad que causen perjuicios, con abuso de las funciones propias de su cargo, han informado fuentes jurídicas.
Para calcular la cuantía de ambas fianzas se ha tenido en cuenta el dinero que durante su mandato en la entidad financiera se gastó de forma presuntamente ilícita con las tarjetas opacas, más el 25 % mínimo de más que recoge la ley que se puede imponer, una cifra que alcanza los 16 millones para Blesa y los 3 millones para Rato.
Así, en el caso de Blesa, los gastos cargados en total a esas tarjetas ascendió a 12,5 millones y en la de Rato a 2,6 millones.
La cuantía de estas fianzas sirve para asegurar las responsabilidades pecuniarias, que comprenderían tanto la responsabilidad civil como las multas que se puedan imponer en el procedimiento en caso de ser condenados.
Andreu les ha dado tres días hábiles para que depositen esas cantidades con el apercibimiento de que si no lo hacen en este plazo de tiempo se procederá al embargo de sus bienes.
Rato asegura que formaba parte de su sueldo
Rato aseguró que la tarjeta para uso personal que se le entregó el primer día que llegó a la entidad formaba parte de su retribución y estaba sujeta a retención fiscal como cualquier otro concepto salarial. "La tarjeta era un instrumento de pago que formaba parte de mi retribución salarial y como tal la acepté". Por lo tanto, argumenta, estaba incluida en su salario y respondía a su contrato.
Rato, que no obstante ha devuelto los gastos cargados a Bankia y ha consignado los asumidos anteriormente por Caja Madrid, sostiene que la tarjeta era un instrumento de pago "público y conocido" que se había adoptado para los miembros del consejo y del comité de dirección de la caja desde hacía "al menos 15 años". La tarjeta era nominativa y estaba emitida por Caja Madrid en un contrato estándar con visa, con lo que sus movimientos quedaban "perfectamente registrados" y "no podían ser, en ningún caso, ocultos".
La tarjeta para uso personal, al margen de la de representación, se entregaba a cada beneficiario "a iniciativa de la entidad como instrumento de pago de una parte de sus retribuciones", ha añadido.
