El juicio del 'Caso Arroyo' sienta en el banquillo a cargos de la inmobiliaria Mahía

La Audiencia de Valladolid sentará en el banquillo de los acusados desde este martes, 9 de julio, al alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, así como al exportavoz del Grupo Popular en la Diputación de Valladolid, Jesús García Galván, y a otros cuatro imputados más, entre ellos cargos de la inmobiliaria gallega Mahía, por el denominado 'Caso Arroyo' sobre supuesta corrupción urbanística.

El juicio se inicia este martes a las 10.10 horas en la Sección Segunda de lo Penal que preside Feliciano Trebolle y, en principio, se prolongará durante los días 10, 11, 12, 15, 16, 17 y 18 del mismo mes.

El Ministerio Fiscal solicita un global de 36,5 años de prisión y el pago de multas por un total de más de 2,1 millones de euros para los seis imputados.

En concreto, la acusación pública imputa dos delitos de cohecho (del artículo 419 del Código Penal), otros tantos de prevaricación y uno de malversación al primer edil de Arroyo, para el que solicita en conjunto diez años y medio de prisión, así como la inhabilitación para ejercer cargo público por un periodo de 27 años y el pago de multas que superan los 535.000 euros.

En el caso de Jesús García Galván, el Ministerio Público interesa para él dos años de prisión y multa de 316.720 euros por un delito de cohecho y un año de cárcel por otro de prevaricación urbanística, además de nueve años de inhabilitación por cada uno de ellos.

Se da la circunstancia de que García Galván, en mayo de 2012, se dirigió por carta al presidente provincial del PP, Ramiro Ruiz Medrano, para comunicar su intención de dimitir si finalmente se celebraba juicio oral contra él por este caso y renunciaría a sus cargos de representación pública institucional, cosa que ha cumplido hace unas semanas.

Además, el fiscal pide para Ramón López Casal y José Presas Zobra, representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S.L, penas de 14 y dos años de cárcel, respectivamente, junto con el pago de multas, por el mismo orden, de 851.500 y 180.000 euros, mientras que para el que fuera arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar, solicita cuatro años de prisión, multa de 125.000 euros y 27 años de inhabilitación. Finalmente, para la apoderada de Mahía en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández, solicita tres años de prisión y el pago de 174.800 euros de multas, así como inhabilitación durante nueve años.

El auto menciona 30 millones de las antiguas pesetas que, como "colaborador", habría recibido el alcalde de Mahía, así como una vivienda, gratuitamente, en Vilagarcía, si bien se desconoce la procedencia del dinero para adquirir otra en As Nogais (Lugo), un chalé en Sanxenxo y un piso en Carril (Vilagarcía), o las dos fincas compradas en la lujosa urbanización de La Vega, en la localidad vallisoletana de Arroyo, para edificar un chalé.

"Los ingresos de Méndez eran de alrededor de 3.000 euros, sin que conste la capacidad económica de ninguno de los cónyuges -se refiere también a su esposa- para estas operaciones procedentes de ingresos ilícitos", refiere el auto, que, entre otras ilegalidades, imputa también al munícipe haber regalado, sin expediente alguno, unos columpios usados, tasados en 2.000 euros y propiedad municipal, al municipio de As Nogais, su lugar de procedencia y donde fue concejal por el BNG.

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