El juzgado de Santiago notifica la apertura de juicio oral contra siete concejales

El juzgado de instrucción número uno de Santiago ha notificado hoy el auto de apertura de juicio oral contra siete concejales del PP de Santiago por presunta prevaricación, al haber acordado en junta de gobierno pagar con fondos públicos la defensa de un imputado en la operación Pokemon.

La jueza titular ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía haya hecho un escrito en el que pide nueve años de inhabilitación para estos concejales por haber acordado en junta de gobierno pagar con fondos públicos la defensa del concejal de Deportes, Adrián Varela, imputado en la operación Pokemon.

La pasada semana la titular del juzgado número uno de instrucción de Santiago dictó otro auto para convertir el procedimiento contra estos concejales en abreviado, por lo que daba diez días a la Fiscalía para hacer acusación o pedir el archivo de la causa.

Pese al acuerdo adoptado por estos siete concejales en junta de gobierno, finalmente no se hizo ningún desembolso y el concejal de Deportes está costeando su defensa con sus medios.

La magistrada Ana López Suevos acuerda la apertura de juicio tras esta petición del fiscal de inhabilitar a los siete ediles para el ejercicio de empleo o cargo público.

El auto de la magistrada también da a los imputados un plazo de tres días para designar abogados y luego diez más para formular escrito de conformidad o disconformidad con la acusación.

Además, la magistrada declara órgano competente para el conocimiento y fallo de esta causa al juzgado de lo penal que, por turno, corresponda.

Los concejales imputados que decidieron en Junta de Gobierno adoptar este acuerdo son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Noya y Luis García Bello. A esta junta no asistió el alcalde, Ángel Currás.

Además, la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha salido en respaldo de la magistrada, al rechazar en un escrito comentarios publicados que cuestionan la independencia de la jueza titular del número 1 de instrucción.

El TSXG señaló que la jueza lleva la imputación de siete concejales del Ayuntamiento de Santiago por un presunto delito de prevaricación y muestra su "rechazo a comentarios que insinúen que el trabajo de la magistrada (...) pueda tener algún otro interés que el propio de la función constitucional como jueza de instrucción".

Diez de trece miembros del grupo municipal del PP en Santiago, incluido su alcalde, Ángel Currás, están imputados en alguna de las seis causas abiertas en los últimos dos años en este Ayuntamiento.

Además, otro concejal del PP ha dimitido por estar imputado en una de estas causas y haberle sido impuesta libertad bajo fianza, la misma situación que un ex asesor del anterior alcalde, Gerardo Conde Roa, que a su vez está imputado y que dimitió por otra causa, en la que fue condenado por fraude fiscal.

También está imputado un concejal de la oposición, Bernardino Rama, del PSOE.

Esta misma mañana, la portavoz del gobierno municipal de Santiago, María Pardo, proclamó su inocencia e insistió en su creencia de que el Gobierno local terminará el mandato, pese los casos judiciales en que están inmersos miembros de la corporación.

Aunque "a nadie le gusta" que la Fiscalía haya pedido nueve años de inhabilitación, afirmó que sigue pensando que se trata de un tema "administrativo" y dijo estar "muy sorprendida" por la acusación.

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