Explotación Minera de Campomarzo S.A., del grupo Indeza que dirige Ángel Fernández Presas, tendrá que abonar, por orden judicial, un total de 120.129,04 euros a seis trabajadores que habían solicitado la rescisión de sus contratos ante los sucesivos impagos de sus nóminas, pagas extras y horas extraordinarias, en algunos casos de seis meses en distintos años desde que la empresa presentó un ERE suspensivo en 2011.
El Juzgado de lo Social número 2 de Pontevedra ya había reconocido en una sentencia dictada el pasado 28 de noviembre de 2013 en la que se declaraba extinguida la relación laboral de los trabajadores demandantes y había condenado a la empresa a abonar a los mismos las indemnizaciones correspondientes a un despido improcedente (45 días por año trabajado hasta antes de febrero de 2012 y 33 a partir de esa fecha), así como los salarios que habían dejado de percibir y que la firma reconoció que no abonó.
No obstante, la CIG -que llevó las demandas de esta media docena de trabajadores- había interpuesto una ampliación de la demanda porque la jueza había calculado de forma errónea las cantidades, sin tener el tiempo transcurrido entre la presentación de la demanda y la resolución judicial. De ahí que ahora, con el nuevo auto dictado por el mismo juzgado, la cifra sea mucho más elevada. Trascurrido más de un mes desde que se dictó la resolución -que ya ha adquirido firmeza-, la dirección de Explotación Minera de Campomarzo no se ha puesto en contacto ni con la CIG ni con los trabajadores, por lo que el jefe comarcal del sindicato, Antón Álvarez Merayo, asegura que «temos as nosas dúbidas de que Presas queira pagar polas boas. Non sabemos se tirará de Indeza para poder pagar ou non», toda vez que los ingresos que prevía la firma del Adif, por las expropiaciones del AVE, no llegarán habida cuenta de que el Supremo no admitió la demanda de Campomarzo.
Si no abona las cantidades recogidas en el nuevo auto (y el plazo expira mañana), la CIG pedirá la ejecución de la sentencia. Claro que, entonces, el proceso de cobro para los trabajadores se alargará en el tiempo y algunos ya han agotado el paro o tienen muy pocos meses de prestación. «Entraríamos entón nun proceso largo e tedioso», significó Álvarez Merayo, que, recuerda, conllevaría el embargo de cuentas u otros activos de la empresa. En el peor de los casos, el juzgado acabaría subastando bienes de Canteras de Campomarzo, que continúa con su actividad aunque bajo mínimos.
Según la información de la que dispone la CIG, la explotación minera trabaja con menos de media docena de operarios, que ya acumulan impagos de varias nónimas. Si el juzgado declarase la insolvencia de la firma de Ángel Fernández Presas, los trabajadores cobrarían del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), eso sí, un máximo de 30 días por año trabajado con un tope de doce mensualidades.
De forma paralela a este proceso, la CIG está negociando con el INEM que los exempleados puedan recuperar los 180 días de paro por el ERE que fijaba la anterior normativa.
