La Audiencia Nacional acaba de imponer una condena de tres años y tres meses de prisión al histórico traficante Juan Carlos Fernández Cores Parido, que montó una empresa de transportes en Lugo para blanquear el dinero procedente de la droga. El acusado justificaba los ingresos de su actividad ilícita a través de su negocio lucense y de otra sociedad con sede en Uruguay.
El considerado como uno de los mayores narcotransportistas de Arousa ya había sido condenado el pasado año a más de 13 años de cárcel por liderar una trama de lancheros asentada en Vilagarcía y dedicada a acondicionar planeadoras de gran potencia para recoger importantes cantidades de cocaína en alta mar y trasladarla hasta el punto convenido con los barcos nodriza de los clanes propietarios de la droga.
Según consta en la sentencia, Parido constituyó en 2008 la empresa Transportes Alabou S.L., con domicilio social en la capital lucense. Sin embargo, cuando los investigadores acudieron a la dirección que figuraba en el registro mercantil no encontraron ninguna placa identificativa del negocio. Además, la empleada de correos que realizaba el reparto por esa zona les dijo que nunca había entregado ninguna carta a nombre de la referida empresa, por lo concluyeron que se trataba de un negocio tapadera que realmente no tenía actividad.
El acusado también figuraba como administrador único de la sociedad Uruguaya Baitur S.A., con sede en Montevideo y de la que constaba como domicilio en España una de las viviendas del traficante.
La Audiencia Nacional le impuso una condena de tres años y tres meses de cárcel, así como una multa de 256.635 euros
Las autoridades uruguayas confirmaron que esa empresa no figuraba en sus registros ni existía físicamente en la sede indicada, a pesar de que se hicieron varias inversiones inmobiliarias a nombre de dicha sociedad, una de ellas por importe de 80.000 euros. En las cuentas de la empresa se llegaron a registrar movimientos próximos al millón de euros.
La Audiencia Nacional condenó al hombre como autor de un delito doloso de blanqueo de capitales y le impuso una condena de tres años y tres meses de cárcel, así como una multa de 256.635 euros. El Tribunal concluye que el acusado blanqueó importantes cantidades de dinero procedentes del tráfico de drogas, tanto directamente como a través de testaferros –preferentemente familiares– y también de las citadas empresas.
De hecho, la Audiencia Nacional condena también a sus progenitores por colaborar en el blanqueo de capitales y les impone la misma pena de prisión, así como sendas multas de 29.621 euros.
La sentencia recoge que el matrimonio tenía unos ingresos "muy módicos" y realizaron operaciones comerciales "que en modo alguno son justificables con sus ingresos lícitos".
El Tribunal ordenó, además, el decomiso de numerosas propiedades de los acusados, entre las que figuran fincas, viviendas, y naves industriales ubicadas en diferentes zonas de la provincia de Pontevedra, así como de una embarcación deportiva y diversos vehículos de alta gama.
