El país luso reduce su déficit público hasta el 8,7% pese a los ajustes

Las reformas y ajustes acometidos por Portugal le han permitido reducir sólo en medio punto su déficit público en el primer trimestre, hasta el 8,7 por ciento, aún lejos del 5,9 % marcado como objetivo final para este año.

El informe sobre las Cuentas nacionales trimestrales por sector institucional, divulgado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) luso, precisa que, pese al descenso de los gastos y el aumento de los ingresos fiscales, el balance no es más positivo por el impacto de los altos intereses que penalizan su deuda.

En el acuerdo alcanzado en mayo con el Banco Central Europeo (BCE), la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir su ayuda financiera, Portugal se comprometió expresamente a recortar su déficit en 3,3 puntos este año, hasta el 5,9 por ciento del PIB, equivalente a 10.068 millones de euros.

El informe del INE señala que "la mejoría (en el déficit) no es tan acentuada" como la anunciada por los datos de ejecución facilitados por la Dirección General del Presupuesto debido a un "conjunto de ajustes" que han tenido "un impacto significativo" en las necesidades de financiación de la Administración Pública.

Los datos de la Dirección General del Presupuesto del primer trimestre de 2011 apuntaban a una mejoría en el déficit de 1.530 millones de euros, el doble de la anunciada por el INE.

Si se incluyen los datos referentes a la economía de las familias, el déficit portugués alcanzó el 7,7 por ciento hasta marzo de este año, siete décimas menos que en el último trimestre de 2010.

Los analistas interpretan esta reducción del déficit como insuficiente dada la difícil situación económica por la que atraviesa Portugal, lo que podría dar pie a la adopción de nuevas medidas de ajuste.

De hecho, el nuevo Ejecutivo conservador anunció en su programa de gobierno, que llevará el jueves a debate en el Parlamento, que acometerá reformas "más ambiciosas" para prevenir futuras adversidades que pudieran dificultar el cumplimiento de los compromisos acordados con Bruselas y el FMI.

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