El pleno del Concello acuerda estudiar el coste de derribar O Garañón

Se creará una comisión sobre la urbanización y se valorará reservar una partida presupuestaria por si el Ayuntamiento tiene que asumir la demolición
El esqueleto del edificio de O Garañón
photo_camera El esqueleto del edificio de O Garañón

El pleno del Ayuntamiento de Lugo ha aprobado, con los votos de los grupos de la oposición y a iniciativa del PP, una propuesta para estudiar la posibilidad de revocar el acuerdo que firmó en su día el gobierno local que presidía José López Orozco con el promotor de las polémicas torres de O Garañón, con el objetivo final de esquivar una indemnización millonaria.

A la espera de que el gobierno local anuncie si recurrirá o no las dos sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ponen en entredicho la concesión por parte del Ayuntamiento de las licencias para urbanizar la parcela y construir las torres, el Partido Popular optó por abrir esta vía para evitar una posible indemnización con cargo a las arcas municipales.

Para ello, el portavoz del PP, Jaime Castiñeira, dijo que habrá que apoyarse "en los incumplimientos" del propio promotor de las torres, que pedirá una indemnización de 26 millones de euros si finalmente no puede construir en O Garañón.

En ese sentido, sostuvo que "el proyecto de urbanización no fue visado hasta el 8 de agosto de 2006, cuando la cláusula segunda" de ese acuerdo "obligaba a tenerlo aprobado como fecha límite el 31 de marzo de este año".

"Aunque somos conscientes de lo difícil que resultará llegar a revocar este acuerdo, tenemos que estudiar hasta el último resquicio", dijo Castiñeira, con "el aval y apoyo" de expertos en urbanismo y asesores jurídicos "externos al Ayuntamiento".

Para el Partido Popular, "es obvio que no existió un equilibrio entre las dos partes", además de los "errores manifiestos" en los cálculos de la edificabilidad del parcela y de la "inexistencia de un informe de Arquitectura e Intervención".

Castiñeira aclaró que su grupo está "a años luz de lo que pretende el PSOE, que insiste en el recurso y en seguir con las torres ahí", cuando el objetivo tendría que ser "acabar con ellas y sin tener que pagar una indemnización al promotor".

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