El PP asegura que la subvención a Pescamar se ciñó a ''todos los controles'' administrativos

El diputado del PP en el Parlamento gallego Román Rodríguez ha asegurado que la subvención de 545.000 euros concedida por la Consellería do Medio Rural e do Mar a la empresa conservera Pescamar, de Poio (Pontevedra), "se hizo con todos los controles y fue absolutamente objetiva".

Rodríguez ha justificado que la Ley de Costas permitirá darle "certeza jurídica" a empresas que, "como Pescamar, están dedicadas al aprovechamiento de los recursos del litoral y generan puestos de trabajo".

El PP ha matizado que esa ayuda otorgada en 2011 se ha destinado a equipos informáticos "y, en el peor de los casos, se trata de material movible". Román Rodríguez ha criticado que "se intente hacer ver" que la concesión de esa subvención sea "porque la gerente es del PP, cuando no es cierto", sino que se da "a una empresa que está creando puestos de trabajo en un sector estratégico para Galicia como el marisqueo".

Rodríguez sostiene que "se intenta confundir diciendo que la Ley de Costas es solo para beneficiar a Ence", un extremo que ha negado, argumentando que no solo Pescamar, sino otras empresas como Garavilla de O Grove, o Frigoríficos del Morrazo en Cangas, "tienen que estar muy cerca del mar".

Con la condición de que cumplan "con los parámetros ambientales que se fijan en la legislación", el diputado popular ha destacado que, con la modificación de la Ley de Costas, estas empresas "van a poder incrementar su plazo de concesión, seguir haciendo inversión, trabajando, creando empleo y aprovechando los recursos endógenos de la pesca".

Labor "fundamental"

Por su parte, el portavoz municipal del PP de Poio, Ángel Moldes, ha defendido el papel de Pescamar en el "desarrollo socioeconómico" de esta localidad, teniendo en cuenta que "produce más de 2.000 empleos directos y muchos más indirectos", según el dirigente popular. "Me es indiferente que su gerente, en este caso sea del PP, como si no lo es", ha añadido Moldes en relación a Lupe Murillo, cuya labor "y la de su grupo es fundamental" para Poio.

Ángel Moldes ha advertido que la situación del PGOM de Poio arroja "dudas" sobre las posibilidades de expansión y de creación de nuevos puestos de trabajo por parte de Pescamar "si no se le da cobertura" a través del planeamiento urbanístico "y si no se solucionan una serie de demandas que tiene esta gran empresa". El portavoz popular de Poio ha avisado que "igual no se puede seguir disfrutando de ella" en esta localidad como no se den las condiciones oportunas.

Por ello, ha instado a la Xunta y al Gobierno local de Poio a actuar para que Pescamar --o Conservas Camping, en la parroquia de Raxó, a la que se refirió como otro ejemplo de esta problemática-- pueda seguir "muchos años más gracias a esta Ley de Costas".

Moldes ha defendido el patrocinio de Pescamar a actividades de tipo cultural y a clubes deportivos locales, y ha destacado su apoyo a la inserción laboral de la población femenina argumentando que "más del 80%" de su plantilla son mujeres. El portavoz del PP de Poio ha pedido "que no se haga política con todo, que no todo vale en política" para evitar "perjudicar" los intereses del municipio.

Críticas al BNG

Además, Román Rodríguez y Ángel Moldes han rechazado el recurso contra la Ley de Costas presentado por el BNG ante el Tribunal Constitucional. El diputado autonómico ha acusado a la formación nacionalista de "jugar con dos barajas e intentar marcar las cartas de las dos barajas". Rodríguez ha calificado de "contradicción absoluta" que el BNG critique que esta ley "va a permitir privatizar o colmatar el borde litoral" y su recurso pida "que se pueda construir entre los 20 y los 100 metros".

Por su parte, e portavoz del PP en Poio ha señalado que en este municipio con más de 15 kilómetros de costa hay más de 700 edificaciones que "a cuenta de esta Ley se van a poder regularizar y proteger", una circunstancia que ha supeditado a las gestiones que se impulsen desde el Gobierno local.

Para Moldes, el recurso de inconstitucionalidad del BNG es "una estrategia política a nivel autonómico para desprestigiar y desvirtuar" la Ley de Costas cuyo objetivo, según el portavoz popular es "intentar proteger y ordenar el litoral", contemplando la "singularidad" del litoral gallego.

Comentarios