El PP de Santiago ha rechazado hoy la convocatoria de un pleno para ofrecer explicaciones sobre el caso Pokemon, donde hay varios ediles imputados, porque ve fuera de lugar debatir sobre "opiniones o chismes" recogidos por los medios, señaló la portavoz del Gobierno, María Pardo.
En el pleno del Ayuntamiento municipal, además, el alcalde, Ángel Currás, arremetió contra socialistas y nacionalistas y desveló que el anterior Ejecutivo de coalición decidió contratar a un bufete de abogados para la defensa de un edil socialista. Por una decisión similar, varios miembros del actual equipo de Gobierno están ahora imputados.
El portavoz del BNG, Rubén Cela, de quien partió la petición de un pleno, emplazó al alcalde a que ofrezca explicaciones en una sesión extraordinaria de los numerosos casos judiciales en que están inmersos miembros de la corporación, e insistió en que el sumario de la operación Pokemon pone de relieve las diferencias en el seno del grupo de Gobierno.
"El PP está en absoluta descomposición" y sus ediles están envueltos en una "espiral de sálvese quien pueda", con lo que es imposible la gobernabilidad de la capital de Galicia, dijo.
Currás le reprendió recordándole el llamado caso Carrumeiro, una empresa afín al BNG que supuestamente recibió adjudicaciones del Gobierno bipartito. Le llamó sectario e indicó que, si no quiere serlo, "mire para otras ciudades como Lugo, donde está imputado el alcalde socialista, "donde se habla de sobres" o en Ourense, "donde se habla de Rolex".
También le reprochó que critiquen "de forma ardiente" que la junta de Gobierno hubiese decidido abonar los gastos de representación y defensa judicial para el concejal popular Adrián Varela, por lo que están procesados por prevaricación varios concejales del grupo de Gobierno.
Pero, desveló, en noviembre de 2009, cuando gobernaban socialistas y nacionalistas, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento tomó el acuerdo de pagar los gastos de defensa del concejal socialista Bernardino Rama, que tenía que prestar declaración en diciembre. "Pero no se preocupe, todo llegará", afirmó.
Además, dijo que el portavoz socialista estuvo incómodo en el pleno porque, "si mira para la derecha, a lo mejor se encuentra con complementos y con su padrino político", Bernardino Rama, también imputado.
Mientras, María Pardo, que pidió a la oposición responsabilidad frente a la campaña de "insidias y mentiras", indicó que no les quepa duda de que el equipo de Gobierno acabará la legislatura e insistió en que funciona unido.
Además, señaló que no puede creer que el BNG solicite un pleno extraordinario para debatir "opiniones o chismes" recogidos en determinados medios de comunicación "y, de ser así, me parecería fuera de lugar, por muy interesante que puedan ser para usted las deliberaciones de sus oponentes políticos".
Pardo acusó también a la oposición de un "permanente intento de desestabilizar" al Gobierno de la ciudad, movidos por interés electoralista" y les acusó de judicializar y criminalizar la vida política.
Rubén Cela le replicó que son los populares los que se "erosionan solos" y que no ha sido el Bloque quien "falsificó facturas", como figura en uno de los casos abiertos en el Ayuntamiento, ni quien defraudó a Hacienda, como el exalcalde Gerardo Conde Roa.
Además, el edil nacionalista insistió en que una cosa es la responsabilidad penal y otra la política, en lo que dijo coincide el el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Carlos Varela.
Igualmente, apostó por que un pleno aclare qué relación tenía el ayuntamiento con la empresa Aquagest o qué pasó en la guardería de Salgueiriños y lamentó que haya habido siete operaciones judiciales en tres años en este ayuntamiento.
Por su parte, el socialista Francisco Reyes justificó el apoyo de su grupo a la moción del BNG en que desde julio de 2011, en que el PP accedió al Ayuntamiento, comenzó un "rosario de presuntas irregularidades".
En este sentido, citó que el alcalde entonces, Gerardo Conde Roa, tuvo que dejar el cargo, acusado de fraude fiscal; dejó luego a su "mano derecha", Currás, y ocho meses después saltó la operación Pokemon y luego surgieron otros casos que imputaron a varios miembros de la corporación.
El PP compostelano rechaza ofrecer explicaciones sobre la 'Pokemon' en pleno porque ve fuera de lugar debatir ''chismes''
