El requerimiento de documentación sobre el expediente urbanístico relativo al desmantelamiento de una carpa en un establecimiento de Lourido por parte de la Fiscalía al Concello de Poio ha destapado nuevas denuncias. El Partido Popular aprovechó este martes la comisión de Urbanismo previa al Pleno para preguntar al Gobierno local por este y otros posibles expedientes similares.
La edil popular Rocío Cochón asegura que el propio concejal socialista Gregorio Agís reconoció en la comisión que el Ministerio Fiscal requirió al Concello el informe de una vivienda en Armada (Combarro) que, "probablemente haxa que derrubar", sostiene. Cochón señala que el inmueble afectado es una casa construida en suelo rústico y que, según le confirmaron los técnicos municipales, es muy posible que sea demolida porque no cumple la normativa.
Según el PP, el hecho de que el edil admita este nuevo caso desmiente las afirmaciones del alcalde, Luciano Sobral, que el pasado lunes aseguró que la carpa de Lourido era la única investigación por irregularidades urbanísticas en el Concello.
Pero la vivienda de Combarro no es el único asunto requerido. La edil popular sostiene que la arquitecta municipal «confirmou que ela mesma está citada a declarar como testemuña e explicou que esta é unha das case 300 denuncias presentadas ante a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística". De ellas, una "parte sustancial" -dice Cochón- se refiere a viviendas de particulares. Entiende que "a situación é a herdanza de 20 anos de política de ti vai facendo" y exige explicaciones. "Os veciños queremos saber que expedientes se están pedindo e que investigacións están en marcha no Concello", concluye.
