El PP andaluz considera que las subvenciones supuestamente fraudulentas otorgadas al entramado de empresas del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda van "más allá de lo dicho por las fuerzas de seguridad" y que alcanzan un montante de 55,7 millones de euros.
Así lo ha explicado hoy en Cádiz en una rueda de prensa el portavoz adjunto del PP en el Parlamento de Andalucía, Antonio Sanz, quien ha añadido que dicha cifra corresponde a una investigación llevada a cabo por el grupo parlamentario popular y el PP gaditano desde hace más de año y medio.
Sanz ha asegurado que en el periodo 2008-2009 la Junta otorgó de manera supuestamente fraudulenta a Ojeda 1.098.000 euros; en el 2009-2010, 33,5 millones de euros (vinculados a la formación de los extrabajadores de la empresa Delphi); en 2011, 14,5 millones de euros y en 2012, 6,8 millones.
El PP afirma que el entramado societario de Ojeda agrupa a más de 50 empresas, en su mayoría ONG y asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro que luego se convertían en perceptoras fraudulentas de subvenciones "de manera escandalosa, sin concurrencia competitiva, sin publicidad, en muchos de los casos, y concedidas a dedo de manera extraordinaria por parte la Junta de Andalucía".
Para los populares la investigación podría ocupar hasta ocho delitos -fraude en la obtención de subvenciones, estafa, falsedad documental, apropiación indebida, usurpación de estado civil, delitos contra la Seguridad Social, malversación y prevaricación- y reclaman que se investigue cómo algunas de las empresas de Ojeda recibieron subvenciones "incluso antes de que estuvieran dadas de alta".
Según el dirigente del PP se trata de un "monumental escándalo" que "supera incluso al de los ERE falsos" ya que, entre las operaciones Edu y Óscar, por las que ya se han detenido a 51 personas y existen procedimientos judiciales abiertos en 7 de las 8 provincias andaluzas, "se podría superar los 4.000 millones de euros".
Sanz también ha reprochado a la presidenta andaluza, Susana Díaz, que "siga callada y escondida sin dar una sola explicación del robo a los parados que se ha cometido al amparo de la Junta y del PSOE" y que "involucra toda la acción de gobierno" de la administración andaluza.
NUEVOS REGISTROS
Por otra parte, la Guardia Civil registra este martes las oficinas del servicio andaluz de empleo en Sevilla por requerimiento de la juez Mercedes Alaya para asegurar los expedientes ya finalizados de los cursos de formación subvencionados por la Junta.
Según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentra en las oficinas de empleo de la avenida de Hytasa y de la calle La Seda de Sevilla.
Esta intervención tiene que ver con la investigación sobre un presunto fraude en los cursos de formación que lleva la juez Mercedes Alaya, encargada también de la causa sobre los ERE fraudulentos.
Es una operación distinta a la llevada a cabo la semana pasada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en la que fue detenido el exconsejero de Empleo Ángel Ojeda también por un presunto fraude en los cursos de formación.
El PP eleva a los 55,7 millones el presunto fraude de los cursos de formación vinculado al exconsejero andaluz Ojeda
