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El presunto fraude del gasoil en Pontecesures vuelve a los tribunales

Manuel Luis Álvarez Angueira
Manuel Luis Álvarez Angueira

La Audiencia Provincial de Pontevedra obliga al Juzgado de Primera Instancia número 1 de Caldas de Reis a admitir a trámite la denuncia y querellas presentadas contra el ex alcalde de Pontecesures, Luis Álvarez Angueira, y el entonces encargado de Obras, Xurxo Gerpe, para investigar el gasto de combustible del Nissan Patrol del Concello entre los años 2003 y 2006.

El auto, con fecha del pasado 30 de septiembre, deja sin efecto las resoluciones de la jueza de Caldas, que archivó hasta en dos ocasiones las denuncias presentadas por el Partido Popular de Pontecesures, entonces en la oposición, y por los concejales no adscritos, Luis Sabariz y Alfonso Diz. En ambos casos también se adhirió el Ministerio Fiscal.

El tribunal de la Audiencia considera que los hechos relatados en la denuncia, “sí revestirían, de ser ciertos, caracteres de infracción penal, en principio de un posible delito de malversación de caudales públicos”, al contrario de lo que consideró el Juzgado caldense.

El objeto de la querella, presentada por Diz y Sabariz en diciembre de 2007, archivada y recurrida ante la Audiencia el pasado mes de abril, es la imputación del ex regidor nacionalista y de quien era encargado de Obras del Concello por una “presunta desviación de fondos públicos para fines privados”, a través de los gastos en “supuestos consumos” de los vehículos de obras del Ayuntamiento, principalmente del Nissan Patrol, cuyo consumo de combustible “manifiestamente exhorbitado en relación con las tareas para las que habría de ser utilizado” constituye para los querellantes y denunciantes “un fundado indicio de que, o bien no se han efectuado dichos consumos en gasoil (...) o, de ser un gasto real, la utilización en provecho propio”.

El algunos períodos el consumo del vehículo llegó a ser de 110 litros por 100 kilómetros y en otras ocasiones repostó dos veces en el mismo día cantidades considerables de gasoil. Además, llama la atención que los dispendios cesaron en cuantos se dieron a conocer públicamente los hechos.

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