Denuncian la pasividad de la Xunta ante el "fiasco" de la Ley de Costas

El diputado del PSdeG Xosé Sánchez Bugallo denunció este jueves que "el destrozo" que ha causado en Galicia la reforma de la Ley de Costas es "mayor de lo imaginado", pues únicamente se ha regularizado la situación de 14 núcleos costeros tradicionales, mientras que once solicitudes están a la espera de resolución y 163 ya han sido rechazadas.

El responsable socialista concluyó en rueda de prensa en Santiago que la reforma de la normativa estatal logró tan solo solucionar el problema a empresas como Ence, que podría seguir en la ría de Pontevedra a través de una prórroga de su concesión de 75 años más; solventar problemas similares como el de Petronor en Bilbao y Repsol en Tarragona y ‘blindar’ situación de ingleses y alemanes que compraron viviendas en la costa española y veían como estas se podían desvalorizar.

En cuanto a los núcleos costeros tradicionales, Bugallo recordó que la mayoría del PP en el Senado alteró un acuerdo unánime del Parlamento de Galicia para pedir que solo fuese necesario demostrar su consolidación o que disponían de servicios básicos, como agua y saneamiento, desde 1988. Con la modificación, se decidió que los ayuntamientos tendrían que probar ambos requisitos. El socialista aclaró que este "es un procedimiento muy complejo", toda vez que "requiere aportar documentación y planimetrías" de la época que, en algunos casos, los ayuntamientos no tienen. Además, en lo relativo a la red de aguas, indicó que son muchos los núcleos en los que el agua procedía de traídas particulares.

Así las cosas, portavoz de política territorial subrayó que la Xunta "no se puede lavar las manos", sino que "tiene que responsabilizarse" del asunto y "presionar" en Madrid para que "se cumpla la palabra dada".

FIASCO. En este punto, recordó declaraciones de, entre otros, el exconselleiro de Medio Ambiente Agustín Hernández, asegurando que la regulación se haría de forma prácticamente "inmediata".

El PSOE no escatima adjetivos para la situación actual, al entender que la implementación de la Ley y su adenda del Senado son «un enorme fiasco».