El PSOE ha presentado hoy unas sesenta enmiendas a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, entre las que destaca su rechazo a que se pueda inhabilitar o cesar a cargos electos, como alcaldes o concejales, por incumplir los preceptos de la norma, al considerarlo inconstitucional.
"Los cargos de elección directa por los ciudadanos como los concejales no pueden estar incluidos en el ámbito de aplicación puesto que sería inconstitucional que fueran despojados de su condición de cargo electo por la imposición de una sanción administrativa", justifica el PSOE en su enmienda.
Tal y como se había avanzado, el PSOE propone incluir en la ley a la Casa del Rey, los partidos, las organizaciones sindicales y empresariales y las entidades privadas -como la Iglesia- que reciban subvenciones públicas de más de 100.000 euros o del 40 por ciento de sus ingresos anuales, siempre que alcance un mínimo de 3.000 euros.
Al igual que ha propuesto el PP en sus enmiendas, el PSOE pide que toda la información relativa a la Casa del Rey y que demanden los ciudadanos en virtud de las normas de transparencia sea tramitada por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.
Los socialistas rebajan las restricciones de acceso a la información que en la norma remitida inicialmente al Congreso afectaba a amplias áreas del Gobierno, y las deja en aquellas que causen un perjuicio grave para la seguridad nacional, las relaciones exteriores, los intereses económicos y comerciales, la investigación penal o el secreto profesional, entre otros.
Amplía eso sí, la obligación de publicidad activa a los contratos de alta dirección, las retribuciones de altos cargos y de las indemnizaciones por abandono del puesto.
El PSOE propone asimismo que los miembros del Gobierno, secretarios de Estado y demás altos cargos estén también obligados a hacer públicas sus declaraciones de la renta, de bienes y actividades.
Otra de las enmiendas que coincide con la presentada por el PP insta a la creación del nuevo Consejo Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, encargado de velar por su cumplimiento y que deberá actuar con autonomía y plena independencia, "frente a la pretensión del Gobierno de que fuera el Ministerio de Hacienda quien tuviera tales competencias".
Las funciones del nuevo Consejo serán recoger todas las reclamaciones referidas al cumplimiento de la ley, y proponer el inicio del procedimiento sancionador en materia de publicidad activa y acceso a la información.
Su presidente deberá presentar anualmente un informe al Congreso y comparecer siempre que se le solicite, pide el PSOE.
La secretaria de Participación, Redes e Innovación del PSOE, María González Veracruz, ha destacado que las enmiendas de su partido buscan ampliar el ámbito de actuación de la ley, garantizar su cumplimiento y "corregir los aspectos inconstitucionales" que se encontraban en la parte dedicada al buen gobierno.
"No queremos cualquier Ley de Transparencia y el texto inicial del Gobierno tenía muchas y profundas carencias. Queremos una Ley de Transparencia sólida, amplía y aplicable, que responda al reclamo de la ciudadanía del siglo XXI", ha subrayado en un comunicado.
