El próximo 13 de abril todas las empresas públicas estatales deberán haber adaptado los salarios de sus presidentes y altos directivos al nuevo real decreto-ley aprobado por el Gobierno que los limita a 105.000 euros anuales para empresas grandes, 80.000 para medianas y 55.000 para las pequeñas.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el real decreto-ley 451/2012 que regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público y otras entidades.
Según la norma, que entra en vigor mañana, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas será el encargado de clasificar las entidades de acuerdo con su necesidad o no de financiación, volumen de actividad o número de trabajadores.
Además del salario base, los presidentes y los ejecutivos de alta dirección tendrán un complemento de puesto y, en su caso, otro variable.
El de puesto será asignado por quien ejerza el control o supervisión financiera de la entidad, por el accionista o, en su defecto, por el Ministerio de adscripción.
Igual sucede con el variable que estará condicionado a la consecución de unos objetivos, mientras que el de complemento de puesto dependerá del peso relativo dentro de la organización o el nivel de responsabilidad.
El real decreto también fija que los consejos de administración de las grandes empresas se limitan a 15 miembros, a 12 los de las medianas y a 9 los de las pequeñas.
